El órgano de control detectó que la obra registraba un avance acumulado de 15,07 %, frente al 29,98 % programado. También advirtió la ausencia del residente y de dos especialistas, una reducida presencia de trabajadores y partidas críticas que no habían comenzado pese a encontrarse fuera del plazo previsto.
La Contraloría General de la República, mediante el Informe de Hito de Control N.° 033-2026-OCI/5342-SCC, identificó dos situaciones adversas durante la ejecución del corredor vial norte-oeste que conectará Trujillo con Huanchaco y el acceso al aeropuerto. Según el documento, las deficiencias advertidas podrían comprometer el cumplimiento del plazo contractual, la puesta en servicio de la infraestructura y generar mayores costos de administración y supervisión.
El proyecto impulsado por el GORE La Libertad comprende la intervención de 9,52 kilómetros y contempla la construcción y mejoramiento de vías, ciclovías, rampas vehiculares, sardineles, veredas, señalización y trabajos relacionados con los servicios de agua potable y alcantarillado. Su expediente técnico fue aprobado con una inversión superior a S/146 millones, mientras que el presupuesto correspondiente a la ejecución por contrata asciende a aproximadamente S/135 millones.
La ejecución fue contratada con el Consorcio Vías Huanchaco, integrado por LC & EC Constructora Consultora y Servicios S.A.C. y Marquisa S.A.C. Contratistas Generales, cuya representante común es Lucero Nicole Coca Condori. La supervisión se encuentra a cargo del Consorcio Lukeli Ingenieros, representado por Rodrigo Alexander Serrano Sánchez.
Avance de la obra alcanza solo el 15,07 %
De acuerdo con la valorización correspondiente a la segunda quincena de mayo de 2026, la obra debía alcanzar un avance acumulado de 29,98 %. Sin embargo, únicamente registró un avance físico de 15,07 %, lo que representa una diferencia de 14,91 puntos porcentuales respecto de lo programado.
La Contraloría precisó que el avance ejecutado equivalía al 50,27 % de la meta prevista para ese periodo y se encontraba por debajo del 80 %. Además, identificó diversas actividades pertenecientes a la ruta crítica con avances inferiores a los programados o sin ejecución, pese a que sus fechas de culminación ya habían vencido.
Entre las partidas observadas figuran trabajos en la ciclovía, rampas vehiculares, sardineles, pavimento de adoquines de concreto y labores vinculadas con las redes de agua potable y alcantarillado. También se detectaron trabajos pendientes en el centro poblado Villa del Mar, incluyendo instalación de tuberías, conexiones domiciliarias y pruebas hidráulicas.
Durante las inspecciones realizadas los días 2 y 9 de junio, la comisión verificó que existían distintos frentes disponibles para continuar los trabajos. No obstante, advirtió una reducida presencia de personal obrero y la falta de ejecución simultánea de actividades.
Las listas de asistencia correspondientes al 28 y 29 de mayo registraron únicamente 13 y 12 trabajadores, respectivamente. Asimismo, en la inspección del 9 de junio solo se encontró personal trabajando en un tramo de conformación de subrasante, sin evidenciarse actividad en los demás frentes recorridos. El jefe de Supervisión informó, además, que entre el 3 y el 8 de junio el contratista no habría ejecutado trabajos.
Para el órgano de control, estos hechos evidenciarían una capacidad operativa limitada del Consorcio Vías Huanchaco para atender los diferentes frentes habilitados, situación que incrementa el riesgo de incumplimiento del plazo contractual.
Residente y especialistas no fueron encontrados en la obra
La segunda situación adversa está relacionada con la ausencia del personal profesional previsto para dirigir, controlar y efectuar el seguimiento técnico y ambiental de los trabajos.
El informe señala que Mario César Castro Huamán, residente de la obra desde julio de 2025 en reemplazo de Leopoldo Eugenio Ríos Ramírez, no fue encontrado durante la inspección del 9 de junio. La Supervisión también reportó su ausencia entre el 8 y el 12 de junio, contabilizando cinco días calendario.
La Contraloría observó que Castro Huamán registró anotaciones en el cuaderno de obra digital durante los días en los que fue reportado como ausente. Sin embargo, dichos asientos no contaban con geolocalización habilitada, por lo que no fue posible verificar desde qué lugar fueron realizados. El informe agrega que el residente tampoco dejó constancia de las razones de su inasistencia.
Durante la inspección, Jorge Ágreda Matías, especialista en instalaciones sanitarias del contratista, manifestó que el residente había solicitado permiso y se encontraba en las oficinas del Consorcio Vías Huanchaco. No obstante, el órgano de control indicó que no encontró al profesional durante el recorrido efectuado por la obra.
También se reportó la ausencia de Jennifer María Cueva Zegarra, profesional aprobada para desempeñarse como especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, durante nueve días calendario, entre el 3 y el 12 de junio. En el caso del especialista en Gestión Ambiental, cargo asumido por Víctor Manuel Cabanillas Caro, se contabilizaron dos días de inasistencia.
Según las anotaciones efectuadas por la Supervisión, la falta de estos profesionales dificultaba las labores de coordinación, dirección técnica, atención de requerimientos, control ambiental y seguridad ocupacional.
Como parte de la inspección, la comisión también encontró varillas de acero expuestas y sin capuchones de seguridad en el parador turístico Quibisich. La Contraloría advirtió que esta condición podría generar riesgos de cortes, golpes, punzamientos o empalamiento para trabajadores, personal técnico y personas que transiten por la zona.
Penalidades comunicadas superan los S/478 mil
El informe indica que la Supervisión había comunicado 25 posibles penalidades relacionadas con la ejecución contractual, de las cuales 18 estaban vinculadas con la ausencia de personal profesional acreditado o debidamente sustituido.
Las penalidades comunicadas por este concepto sumaban S/478.525. No obstante, el documento aclara que algunas ya habían sido aplicadas, mientras que otras permanecían en evaluación, trámite, proceso de descargo o sin información sobre su atención.
En el caso concreto de los cinco días de ausencia atribuidos al residente de obra, la Contraloría calculó que podría corresponder una penalidad de S/13.750. Su eventual aplicación deberá ser evaluada por el Gobierno Regional de La Libertad de acuerdo con el contrato y la normativa aplicable.
El Informe de Hito de Control N.° 033-2026-OCI/5342-SCC fue emitido el 23 de junio de 2026 y suscrito por María de Fátima Atoche Atoche, jefa de la Comisión de Control; Diego Antonio Gavidia Calderón, supervisor de la comisión; y José Luis Flores Grados, jefe del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de La Libertad.
La Contraloría recomendó comunicar las dos situaciones adversas a la gobernadora regional para que se adopten las medidas preventivas y correctivas correspondientes. La entidad deberá informar, en un plazo de cinco días hábiles, las acciones implementadas o pendientes de ejecución, adjuntando la documentación que las sustente.