La sanción fue formalizada mediante una resolución legislativa publicada en El Peruano. El Parlamento concluyó que la exfiscal de la Nación incurrió en infracciones a diversos artículos de la Constitución.

El Congreso de la República oficializó la inhabilitación de la exfiscal de la Nación Delia Espinoza para ejercer cualquier cargo en la función pública durante un periodo de 10 años. La medida quedó formalizada a través de la Resolución Legislativa N.° 010-2025-2026-CR, publicada en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano.

La sanción fue aprobada previamente por el Pleno del Congreso y se sustenta en las conclusiones del informe final de las denuncias constitucionales acumuladas 563 y 618. El documento lleva las firmas del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y del segundo vicepresidente de la Mesa Directiva, Waldemar Cerrón.

Según el Parlamento, Espinoza vulneró los artículos 45, 93 y los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución al presentar una denuncia constitucional contra 11 congresistas, a quienes atribuyó el presunto delito de negociación incompatible por respaldar y votar a favor de una iniciativa legislativa.

El informe señala que la entonces titular del Ministerio Público habría excedido las facultades de su cargo al cuestionar decisiones adoptadas en el ejercicio de la función legislativa. Asimismo, considera que afectó la inmunidad parlamentaria relacionada con opiniones, debates y votos emitidos por los legisladores durante el desempeño de sus funciones.

De igual manera, el Congreso concluyó que la denuncia presentada por la exfiscal carecía de una motivación suficiente y comprometía garantías vinculadas al debido proceso, configurándose así las infracciones constitucionales que sustentan la sanción impuesta.

No obstante, el Parlamento descartó formular acusaciones por los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato. Además, Espinoza fue absuelta de las imputaciones relacionadas con los artículos 158 y 159 de la Constitución, precisándose que el procedimiento respetó las garantías establecidas.

Con esta resolución, Delia Espinoza queda impedida de desempeñar funciones públicas por una década, en cumplimiento de la decisión adoptada por el Congreso de la República.