La Unidad de Investigación de Agencia de Noticias Perú tuvo acceso a la resolución que dispone el inicio del juzgamiento contra Mario Reyna por presunta colusión agravada. La Fiscalía pide seis años de prisión e inhabilitación por un caso relacionado a presuntas asesorías fantasmas.
A solo dos días de las elecciones municipales del domingo 4 de octubre, Mario Colberth Reyna Rodríguez, candidato de Alianza Para el Progreso (APP) a la alcaldía provincial de Trujillo, llegará a las urnas con un proceso penal que ya se encuentra en etapa de juicio oral.
La resolución obtenida por la Unidad de Investigación de Agencia de Noticias Perú fue emitida por el Octavo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad y fija una audiencia virtual e inaplazable para el 19 de abril de 2027, a las 9:00 de la mañana.
Junto a Reyna también serán juzgados Diana Elizabeth Tello Murrugarra, exgerenta municipal de Moche, y Pedro Armando Alfaro Vásquez, empresario vinculado a la compañía que brindó las asesorías cuestionadas. El proceso corresponde al presunto delito de colusión agravada en agravio del Estado.
¿De qué acusa la Fiscalía a Mario Reyna?
El caso se remonta a la gestión 2019-2022 del entonces alcalde de Moche, Arturo Fernández Bazán. Según la acusación fiscal, la Municipalidad Distrital de Moche contrató a Albert & Marshall Consulting E.I.R.L. para brindar asesoría jurídica especializada; sin embargo, el Ministerio Público sostiene que no existiría documentación suficiente que demuestre que gran parte de esos servicios realmente se ejecutaron.
La Fiscalía identificó 21 facturas que suman aproximadamente S/ 94 mil por estos servicios. Según su tesis, la entonces gerenta municipal Diana Tello habría otorgado conformidad a los trabajos pese a que los informes presentados por la empresa no contendrían documentación que acreditara efectivamente las asesorías realizadas.
Mario Reyna aparece en la acusación como presunto cómplice externo, al igual que Pedro Alfaro, mientras que Tello es señalada como presunta autora. La Fiscalía sostiene que Reyna, en su condición de abogado y por su vinculación con la empresa contratada, habría participado en la concertación que permitió concretar las contrataciones cuestionadas.
Otro elemento mencionado por la Fiscalía es que Albert & Marshall Consulting E.I.R.L., representada por Pedro Alfaro, registraba como domicilio un inmueble vinculado a Mario Reyna, circunstancia que el Ministerio Público considera un indicio dentro de su hipótesis de concertación.
Fiscalía pide seis años de prisión
Por estos hechos, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios solicitó seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos contra Mario Reyna. La misma pretensión penal fue planteada respecto de Diana Tello y Pedro Alfaro.
La colusión agravada, prevista en el artículo 384 del Código Penal, exige que exista una concertación ilícita vinculada a una contratación u operación estatal y que, producto de ella, se genere un perjuicio patrimonial al Estado. La legislación contempla para esta modalidad una pena de entre seis y quince años de prisión, además de inhabilitación y días-multa.
En este caso concreto, será durante el juicio oral donde la Fiscalía tendrá que demostrar la existencia del presunto acuerdo ilícito, la intervención atribuida a cada acusado y el supuesto perjuicio económico generado.
El caso ya superó la etapa intermedia
La resolución a la que accedió Agencia de Noticias Perú señala que existe un auto de enjuiciamiento del 28 de noviembre de 2025, lo que permitió que el expediente pasara formalmente a la fase de juzgamiento.
Esto significa que el caso ya superó la investigación preparatoria y el control de acusación. Ahora corresponde que el Ministerio Público sustente su acusación ante el juzgado, presente sus medios probatorios y que las defensas ejerzan contradicción durante el juicio oral.
La audiencia fue fijada recién para abril de 2027 debido a la elevada carga procesal del despacho. La documentación judicial refiere que existían 177 juicios orales programados entre marzo y octubre de 2026.
Reyna responde a la acusación
Reyna, por su parte, ha rechazado las imputaciones y sostiene que las asesorías cuestionadas sí fueron prestadas. Ese será precisamente uno de los puntos que deberá discutirse durante el juicio oral programado para abril de 2027.
La resolución aparece además en un momento clave para el candidato de APP: este domingo 4 de octubre buscará ganar la alcaldía provincial de Trujillo mientras mantiene pendiente este proceso por presunta colusión agravada.
Con información de Agencia de Noticias/Causa Justa/Diario Correo