Informe de Control n.° 10519-2026-CG/GRLIB-AOP advierte que siete órdenes de servicio continuaron su trámite pese a que los profesionales propuestos no acreditaban experiencia o capacitaciones exigidas. Además, se hallaron expedientes incompletos, entregables tardíos sin penalidad, pagos fuera de plazo y órdenes publicadas extemporáneamente en el SEACE.
La Contraloría General de la República puso bajo observación las contrataciones de terceros realizadas por la Corte Superior de Justicia de La Libertad entre enero de 2025 y marzo de 2026. El Informe de Acción de Oficio Posterior n.° 10519-2026-CG/GRLIB-AOP, fechado el 6 de julio de 2026, determinó tres hechos con indicios de irregularidad relacionados con la contratación, pago y registro de servicios.
Agencia de Noticias Perú accedió al documento de control, en el que se advierte que la dependencia encargada de las contrataciones emitió siete órdenes de servicio pese a que los profesionales propuestos no acreditaban cumplir con requisitos de “experiencia general”, “experiencia específica” y/o “cursos o capacitación” establecidos por las propias áreas usuarias.
Según la Contraloría, pese a estas deficiencias, los procedimientos continuaron: se otorgaron certificaciones presupuestales, se emitieron órdenes de servicio, los contratados presentaron sus productos, recibieron conformidad y finalmente fueron pagados. El órgano de control concluyó que estos hechos afectaron la legalidad de las contrataciones y el correcto funcionamiento de la administración pública.
Contrataron pese a no acreditar los requisitos
Uno de los casos corresponde a la Orden de Servicio n.° 00086-2025, para apoyo administrativo en el Juzgado de Paz Letrado de Tayabamba. Los términos de referencia señalaban como profesional a Kelly Jadith Medina Muñoz y exigían un año de experiencia en el sector privado en labores administrativas, además de capacitaciones específicas.
La revisión de Contraloría determinó que la documentación presentada solo permitía reconocer 326 días de experiencia, equivalentes a 0,89 años, y que tampoco se encontró sustento de una capacitación en Derecho Procesal Penal que era requerida. Pese a ello, la contratación siguió adelante y el servicio fue pagado.
Una situación similar fue detectada en la Orden de Servicio n.° 00087-2025, correspondiente al Juzgado de Paz Letrado de Pacasmayo. Los términos de referencia identificaban a Alisson Natali Muñoz Correa y requerían capacitaciones en Violencia Familiar y Derechos Humanos, así como en flagrancia delictiva en el proceso penal peruano. La Contraloría señaló que el expediente no acreditaba documentalmente esos cursos; aun así, se emitió la orden, se otorgaron conformidades y se efectuaron los pagos.
Otros tres servicios —las órdenes 00147-2025, 00179-2025 y 00222-2025— exigían como experiencia específica al menos un servicio como asistente de análisis de casos jurídicos en Derecho Civil o Administrativo. La Comisión de Control concluyó que la profesional presentada para esos servicios no acreditó dicha experiencia, pese a lo cual las órdenes fueron tramitadas y pagadas.
La Contraloría también observó la Orden de Servicio n.° 00166-2025, destinada a la tasación de cinco vehículos de la Corte. Entre los requisitos se encontraba que el perito estuviera inscrito en la nómina REPEJ de la institución y acreditara por lo menos dos servicios similares. El expediente revisado por los auditores no contenía documentación suficiente para comprobar ninguno de esos dos requisitos.
Karen Aredo tampoco acreditaba los dos años exigidos
Otro de los casos identificados corresponde a Karen Vanesa Aredo Reyes, propuesta para la Orden de Servicio n.° 00019-2026, destinada al Juzgado de Paz Letrado de San Pedro de Lloc.
Los términos de referencia exigían una experiencia general mínima de dos años y por lo menos un año como auxiliar en la Corte Superior de Justicia de La Libertad. La evaluación de Contraloría determinó que la documentación presentada acreditaba solo 563 días, equivalentes a 1,54 años de experiencia general.
Además, el órgano de control advirtió que una constancia de prácticas preprofesionales incluida en el expediente había sido emitida por el juez Luis Alberto León Reinaltt, del Juzgado Civil de Otuzco. Sin embargo, la propia Gerencia de Administración Distrital, encabezada por Henry David Góngora Ortiz, informó que el magistrado no se encontraba autorizado para emitir ese certificado y que no existía documento que le otorgara esa facultad.
Pese a estas observaciones, el procedimiento también prosiguió: se generó la orden de servicio, se otorgó conformidad y se efectuó el pago correspondiente.
Expedientes incompletos y S/ 420 que la Corte dejó de percibir
El segundo hecho observado por la Contraloría compromete la trazabilidad de las contrataciones. La revisión de 16 expedientes de servicios menores o iguales a ocho UIT encontró documentación faltante pese a que las normas internas establecían que los expedientes debían conservar todos los documentos generados durante la contratación.
Entre los documentos ausentes figuraban declaraciones juradas de proveedores, consultas de sanciones, fichas RUC, recibos por honorarios, informes, conformidades y documentación vinculada a modificaciones del Cuadro Multianual de Necesidades.
Además, en la Orden de Servicio n.° 00068-2025, por un monto de S/ 4 200, correspondiente a un servicio administrativo para el Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de Justicia de Virú, el primer y segundo entregable fueron presentados fuera de plazo.
La Contraloría calculó que correspondía aplicar penalidades que alcanzaban el límite máximo permitido: S/ 420. Sin embargo, estas no fueron cobradas, por lo que la entidad dejó de percibir ese monto.
El informe agrega que seis órdenes de servicio fueron pagadas fuera del plazo establecido, situación que expuso a la Corte a la posibilidad de tener que reconocer intereses legales a los proveedores.
Órdenes también fueron publicadas tarde en el SEACE
La tercera irregularidad detectada está vinculada a la transparencia de las contrataciones. Contraloría verificó que seis órdenes de servicio fueron registradas y publicadas de manera extemporánea en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).
El propio informe atribuye esta situación a la Coordinación de Logística, al señalar que dicha dependencia no tuvo en cuenta las disposiciones aplicables respecto de los plazos de registro y publicación. Para el órgano de control, esta demora afectó la transparencia y publicidad oportuna de las contrataciones y limitó el acceso de los ciudadanos a esa información.
¿Quiénes aparecen involucrados?
El informe menciona a Kelly Jadith Medina Muñoz, Alisson Natali Muñoz Correa y Karen Vanesa Aredo Reyes entre las profesionales cuyos perfiles fueron revisados en las órdenes observadas. También aparecen servidores y funcionarios vinculados a los requerimientos y trámites, entre ellos Javier Tello Villacís, Jesús Maquiña García, María del Carmen Nureña Vergara, Luis Alberto León Reinaltt y Henry David Góngora Ortiz.
No obstante, la Contraloría no establece en este informe responsabilidades administrativas, civiles o penales individuales. Precisamente, recomendó a la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad adoptar las acciones correspondientes y, de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades por las irregularidades detectadas.
El Informe n.° 10519-2026-CG/GRLIB-AOP fue notificado a la presidenta de la Corte, Cecilia Milagros León Velásquez.