El decano del Colegio de Abogados de La Libertad aseguró que implementar la pena de muerte representaría un paso atrás en materia de derechos humanos.
En el «Primer Debate Regional Descentralizado para Evaluar la Aplicación de la Pena de Muerte al Delito de Violación de Menores de Edad», organizado por el Ministerio de Justicia, el decano del Colegio de Abogados de La Libertad, Yvo Hora Ordinola, manifestó su desacuerdo con la pena capital para estos casos, enfatizando la necesidad de respetar los tratados internacionales y el progreso alcanzado en derechos humanos.
«Nuestra opinión va a ser técnica, no política», declaró Hora Ordinola, quien señaló que, aunque la Constitución peruana contempla la pena de muerte para delitos como traición a la patria y terrorismo, extender su alcance sería incompatible con los tratados internacionales firmados por el Perú.
«Contamos con dos pactos esenciales: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU y la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José). Estos tratados prohíben ampliar los supuestos de pena de muerte o reintroducirla donde ya ha sido abolida. Aunque formalmente se podría denunciar los tratados, ello significaría un grave retroceso en la protección de derechos humanos, atentando contra la seguridad jurídica, el Estado de derecho y nuestra democracia», explicó.
Este debate tiene lugar mientras una encuesta digital reciente indica que el 97.7% de los ciudadanos de Trujillo apoya la pena de muerte para violadores de menores. Sin embargo, Hora Ordinola advirtió que esta medida podría representar un retroceso en derechos humanos. «No podemos retroceder en derechos humanos. Debemos avanzar. Hemos ganado derechos antes: las mujeres no votaban, hoy votan. No podemos involucionar», destacó.
Desde una perspectiva personal, Hora Ordinola reconoció los dilemas emocionales que enfrentan los padres de familia en estos casos. «Como padre de familia, si algo le pasara a mis hijos, a veces pienso en hacer justicia por mis propias manos», confesó. A pesar de ello, instó a la reflexión y apeló a la responsabilidad de los legisladores y líderes políticos.
Asimismo, sugirió que, en caso de que se decida implementar la pena de muerte, debería aplicarse primero a los altos funcionarios corruptos: «Si ha de imponerse la pena de muerte, que se aplique a las autoridades corruptas, que son las que deben ser y dar el ejemplo».
Finalmente, Hora Ordinola llamó al Ministerio de Justicia y a la Presidencia de la República a mantenerse vigilantes ante posibles leyes inconstitucionales: «Usted, señor Ministro, es el llamado a decirle a la Presidenta que observe las leyes inconstitucionales».
El debate continuará con la participación de diversas autoridades locales y representantes de la sociedad civil, buscando recoger opiniones y construir consensos sobre este tema tan complejo.