Esta regulación considera la manera en que las fuerzas del orden podrán emplear las cámaras de identificación biométrica, así como la normativa relacionada con los modelos fundamentales de inteligencia artificial.
Después de más de 30 horas de intensas negociaciones, las instituciones de la Unión Europea (UE) han acordado una legislación sobre inteligencia artificial que regula el uso de esta tecnología en función de los riesgos que pueda representar para las personas. Actualmente, el acuerdo está pendiente de ratificación por parte del Parlamento Europeo y el Consejo de Seguridad de la UE.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha destacado la singularidad de la ley de inteligencia artificial de la UE, considerándola pionera a nivel mundial y un marco legal confiable para el desarrollo de esta tecnología. Esta legislación tiene como objetivo impulsar la industria europea frente a competidores como Estados Unidos y China, siendo la UE la única región con una regulación tan detallada, según el comisario de Industria y Servicios Digitales, Thierry Breton.
Algunos aspectos sensibles de la normativa incluyen el uso de cámaras de identificación biométrica por parte de las fuerzas del orden, con la prohibición inicial de cámaras de reconocimiento facial en espacios públicos, aunque se permitirán en casos específicos con autorización judicial, tras esfuerzos gubernamentales durante meses.
Otro tema clave en las negociaciones ha sido la regulación de los modelos fundamentales de inteligencia artificial, como los utilizados en programas como ChatGPT de OpenAI o Bard de Google. Aunque la ley no fue concebida originalmente para abordar estos sistemas, las instituciones comunitarias han visto la necesidad de legislarlos después del auge de ChatGPT en los últimos meses.
El objetivo principal de esta nueva regulación, que entrará en vigor gradualmente a partir de 2024, es establecer estándares de seguridad y protección de derechos fundamentales para prevenir el uso represivo, manipulador o discriminatorio de la tecnología, evitando al mismo tiempo una hiperregulación que pueda obstaculizar la competitividad de la UE. Las empresas que infrinjan esta legislación, que cuenta con un régimen sancionador, se enfrentarán a multas que oscilan entre 35 millones de euros o el 7% de la facturación global, y 7,5 millones o el 1,5% de la facturación, dependiendo del tipo de infracción y el tamaño de la empresa.