La falta de registro impidió que los ciudadanos revisen a tiempo cómo y en qué se gastaron más de S/ 1.7 millones en recursos públicos.
Un informe de la Contraloría General de la República puso bajo la lupa a la gestión del alcalde Carlos Arroyo en la Municipalidad Distrital de Salaverry al detectar indicios de irregularidad por la omisión en el registro de 256 órdenes de compra y de servicio en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), pese a que estas sí fueron ejecutadas con dinero público.
De acuerdo con el Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 22626-2025-CG/PREV-AOP, la entidad no registró oportunamente 75 órdenes de compra y 181 órdenes de servicio, correspondientes al período comprendido entre el 2 de mayo y el 31 de agosto de 2025, por un monto total de S/ 1,731,365.88. Esta omisión vulneró los principios de transparencia y publicidad, al limitar el acceso ciudadano a información clave sobre el uso de los recursos municipales.
Gasto ejecutado sin publicación oportuna
La Contraloría advierte que el plazo máximo para registrar dichas contrataciones vencía el 12 de setiembre de 2025; sin embargo, ninguna de las órdenes fue publicada en el SEACE dentro del tiempo establecido por la norma. Esto impidió que la ciudadanía, los proveedores y los órganos de control puedan conocer oportunamente qué se contrató, con quién y por cuánto, afectando el control social del gasto público.
Lo más preocupante es que las órdenes sí figuran en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), lo que evidencia que los pagos fueron procesados, pero sin la debida publicidad en la plataforma oficial de contrataciones, generando cuestionamientos sobre la trazabilidad del dinero público.
Advertencias previas que no fueron atendidas
El informe también revela que el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) incluyó previamente a la Municipalidad de Salaverry en el listado de entidades incumplidoras por no registrar sus órdenes en el SEACE, otorgándole un plazo adicional para subsanar la omisión. No obstante, la entidad no corrigió la falta, motivo por el cual la Contraloría intervino mediante una acción de oficio posterior.
Contratos menores bajo la lupa
Aunque se trata de contratos menores, la normativa exige su registro obligatorio justamente para evitar el uso discrecional de esta modalidad. La Contraloría concluye que la omisión detectada afectó la transparencia del gasto municipal, limitó la consulta ciudadana y dificultó la supervisión de las contrataciones públicas.
Exigen acciones y posibles responsabilidades
Ante estos hechos, la Contraloría recomendó al titular de la Municipalidad Distrital de Salaverry adoptar acciones inmediatas para corregir las omisiones y, de corresponder, disponer el deslinde de responsabilidades administrativas. Asimismo, se solicitó la presentación de un Plan de Acción, evidenciando la gravedad del hallazgo.
Mientras tanto, la transparencia en la gestión municipal de Carlos Arroyo en Salaverry queda seriamente cuestionada, y la ciudadanía espera respuestas claras sobre el manejo de más de S/ 1.7 millones en recursos públicos.