Contraloría advirtió que la gestión edil contrató a proveedores con sanciones vigentes por servicios que superan los S/ 15 mil en la Municipalidad de La Esperanza.
La Contraloría General de la República detectó presuntas irregularidades en la gestión del alcalde Wilmer Sánchez, luego de advertir que la Municipalidad Distrital de La Esperanza contrató a proveedores que se encontraban inhabilitados y registrados en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC).
De acuerdo con el Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 007-2026-2-2061-AOP, emitido el 7 de mayo de 2026 por el Órgano de Control Institucional (OCI), la comuna habría vulnerado la legalidad y transparencia en las contrataciones públicas al permitir que personas con sanciones de destitución vigentes presten servicios para el Estado.
Uno de los proveedores observados es Carlos Enrique Romero Gonzales, quien fue contratado mediante la Orden de Servicio N.° 0000288-2024, emitida el 1 de abril de 2024, para brindar el servicio de “Consultoría Administrativa Contable Financiera” por un monto de S/ 9,200.
La Contraloría verificó que Romero Gonzales registraba dos sanciones de destitución vigentes inscritas en el RNSSC desde el 18 de marzo y el 1 de noviembre de 2021. Ambas sanciones fueron impuestas por el Programa Nacional Cuna Más del Midis, una de ellas por presuntas irregularidades en registros de acompañamiento familiar y otra por la supuesta presentación de documentación falsa.
Asimismo, el informe advierte que el proveedor presentó una declaración jurada indicando que no tenía impedimentos ni inhabilitación vigente para contratar con el Estado, pese a figurar en el registro oficial de sanciones.
El segundo caso corresponde a Bil Antonio Cuba Jiménez, quien también fue contratado por la Municipalidad de La Esperanza pese a contar con una sanción de destitución inscrita en el RNSSC desde el 25 de julio de 2023 y vigente hasta el 24 de junio de 2028.
Según la Contraloría, Cuba Jiménez recibió la Orden de Servicio N.° 0000566 el 10 de junio de 2025, situación que contravendría las restricciones establecidas en la normativa de contrataciones públicas y en la directiva interna de la comuna.
El órgano de control concluyó que ambas contrataciones afectaron la eficacia de las sanciones impuestas, así como la transparencia y legalidad de las contrataciones del Estado, por lo que recomendó al titular de la entidad adoptar acciones inmediatas para determinar responsabilidades y evitar nuevos casos similares.