La Comisión Permanente aprobó el informe final que acusa al exmandatario de infringir la Constitución al disolver el Congreso en 2019. El Pleno tendrá la última palabra.
La Comisión Permanente del Congreso aprobó por mayoría el informe final que recomienda acusar al expresidente Martín Vizcarra por presunta infracción constitucional, tras el cierre del Parlamento en 2019. Según el documento, el exmandatario habría vulnerado el artículo 134 de la Constitución, lo que motivó la decisión de inhabilitarlo por 10 años para ejercer cargos públicos.
La sanción, sin embargo, aún debe ser ratificada por el Pleno del Congreso, que tendrá la última palabra sobre la inhabilitación. Vizcarra, quien no asistió a la sesión del miércoles 12 de marzo, rechazó el proceso y denunció que se trata de una persecución política en su contra. En un comunicado, aseguró que la medida vulnera el principio de «cosa juzgada», pues el Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre la legalidad de la disolución del Congreso en 2020.
El exmandatario también cuestionó que el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no haya tomado en cuenta sus descargos, lo que —según él— pone en riesgo la seguridad jurídica. Pese a sus alegatos, el procedimiento avanza y será el Pleno del Congreso el que defina su futuro político.