Otros exfuncionarios también recibieron penas de entre 5 y 18 años de cárcel por colusión y lavado de activos relacionados con los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima.
El Poder Judicial, a través del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, dictó una severa condena contra el exviceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba Hidalgo, quien fue sentenciado a 21 años y 8 meses de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos agravado, en el marco del emblemático caso Odebrecht. Junto a él, Mariella Huerta Minaya y Edwin Luyo Barrientos recibieron la misma pena por su participación en los procesos irregulares de licitación del proyecto ferroviario correspondiente a los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima.
El tribunal también impuso penas de 18 años y 4 meses a Santiago Chau Novoa, 16 años y 8 meses a Miguel Navarro Portugal, y 13 años y 4 meses a Víctor Núñez Cuba. En tanto, Magdalena Bravo Hinostroza y Jesús Munive Taquia fueron sancionados con cinco años de prisión suspendida, bajo el compromiso de cumplir determinadas reglas de conducta. Por otro lado, se absolvió a la exvoleibolista Jessica Tejada Guzmán, expareja de Jorge Cuba, del delito de lavado de activos agravado.
Además de las penas privativas de libertad, los sentenciados deberán pagar de forma solidaria una reparación civil ascendente a S/ 42 millones 720 mil en favor del Estado, por los perjuicios causados a través de actos ilícitos. El juzgado también ordenó la ejecución inmediata del fallo y la emisión de órdenes de captura a nivel nacional e internacional contra los condenados con pena efectiva.
Los actos delictivos ocurrieron durante las licitaciones n.° 003-2009 y 001-2011, firmadas durante la gestión del fallecido expresidente Alan García Pérez. Según las investigaciones, los involucrados se coludieron para favorecer ilegalmente a la constructora Odebrecht, obteniendo beneficios indebidos valorizados en aproximadamente 8 millones 100 mil dólares. La jueza Fernanda Ayasta Nassif, presidenta del tribunal, destacó que la condena se sustenta en pruebas contundentes como declaraciones testimoniales, peritajes y documentos oficiales que acreditan la responsabilidad penal de los procesados.