Documentos revelan que Haidy Figueroa, militante de Alianza Para el Progreso (APP), y Carlos Pais, vinculado a Richard Acuña, firmaron los contratos de Andrea Vidal, Isabel Cajo y Alexandra Gil en el Congreso. Investigación apunta a presuntas irregularidades.
El caso del asesinato de la abogada Andrea Vidal sigue generando interrogantes, y ahora los documentos oficiales ponen en evidencia la participación de personajes cercanos a Alianza Para el Progreso (APP) en su contratación en el Congreso. Entre los firmantes de los contratos destacan Haidy Figueroa, militante del partido, y Carlos Pais, exjefe de Recursos Humanos con vínculos empresariales con Richard Acuña, hijo del líder de APP, César Acuña.
Los registros muestran que Andrea Vidal ingresó al Parlamento el 6 de octubre de 2023 con un sueldo de S/8,212. Su contrato fue firmado por Carlos Pais, quien poco después asumió el cargo de jefe de la Dirección General de Administración (DGA). En sus siguientes renovaciones contractuales, las rúbricas de Haidy Figueroa, en su calidad de jefa de Recursos Humanos, validaron su continuidad en el Legislativo.
El mismo patrón se repite en la contratación de Isabel Cajo y Alexandra Gil, quienes ingresaron juntas el 5 de abril de 2024. Sus contratos fueron avalados por Figueroa, permitiéndoles acceder a sueldos de S/4,485. Posteriormente, Cajo obtuvo una adenda que extendió su permanencia en el Congreso, proceso en el que también aparece el expresidente del Congreso, Alejandro Soto, otro personaje vinculado a APP.
La relación de APP con estos contratos ha levantado sospechas, especialmente porque Isabel Cajo y Alexandra Gil han evitado responder ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Ambas fueron citadas para aclarar su relación con Andrea Vidal y los procedimientos de contratación, pero decidieron no asistir, lo que ha intensificado las dudas sobre el trasfondo político del caso.
El congresista Edwin Martínez, quien actualmente tiene a Isabel Cajo en su despacho con un sueldo de más de S/7,000, ha declarado que ella presentó su renuncia, pero que seguirá laborando por dos semanas más. Sin embargo, su ascenso salarial y la rapidez con la que fue trasladada de oficina han despertado cuestionamientos sobre el favoritismo dentro del Parlamento.
El papel de APP en la asignación de puestos y la facilitación de contratos en el Congreso sigue en la mira de la opinión pública. Mientras tanto, la Comisión de Fiscalización evalúa nuevas citaciones para esclarecer las irregularidades en la contratación de Andrea Vidal y sus amigas, en un proceso que podría revelar conexiones más profundas entre la política y la gestión del Legislativo.
Fuente: Perú21