El 2024 se convirtió en el año más violento en la historia reciente del Perú, con 1,962 asesinatos perpetrados por sicarios, un alarmante incremento del 31.24% en comparación con 2023, según datos del Sinadef.
Las cifras exponen el fracaso de las estrategias del Ministerio del Interior y la Policía Nacional para frenar a las redes criminales. En lugar de atacar las raíces del problema, las autoridades priorizaron sanciones internas, dejando a los líderes delictivos libres para operar.
En paralelo, las denuncias por extorsión también alcanzaron niveles preocupantes. Entre enero y noviembre, se registraron 19,749 casos, un aumento exponencial frente a las 3,783 denuncias de 2021. Aunque el norte del país es la región más golpeada, Lima Metropolitana lidera con más de 7,000 denuncias.
El analista Juan Carbajal destacó que el 70% de los homicidios fueron cometidos con armas de fuego, lo que evidencia un mercado ilícito fortalecido por el contrabando y la corrupción policial, señalada por vender o alquilar armamento decomisado.
El exviceministro Ricardo Valdés alertó que la falta de control en las fronteras y la rotación de armas decomisadas agravan el problema, mientras las cifras muestran una «meseta peligrosa» de violencia que podría continuar en 2025.
La ola de violencia exige acciones inmediatas y una estrategia integral que ataque el problema desde sus raíces, antes de que las estadísticas del próximo año superen este trágico récord.