Revelaciones periodísticas vinculan el nombramiento de una funcionaria en Sunafil con su cercanía al presidente, mientras otros casos similares generan cuestionamientos sobre meritocracia en el Estado.
La designación de una joven profesional en un cargo directivo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) ha generado debate público, luego de que el periodista Beto Ortiz revelara en su programa la cercanía previa entre la funcionaria y el presidente José Jerí, evidenciada a través de interacciones en redes sociales como “likes” en Instagram.
Según lo expuesto por Ortiz, María Isabel Paredes Velásquez, abogada con experiencia previa en el Congreso y Sunarp, fue nombrada directora de Inteligencia Inspectiva de Sunafil mediante una resolución firmada pocos días antes de Navidad. El caso llamó la atención no solo por la rapidez del ascenso, sino porque, antes de asumir el cargo, el presidente Jerí registraba interacciones públicas frecuentes en sus publicaciones personales.
El informe periodístico también hizo referencia a otras colaboradoras cercanas al entorno del mandatario, denominadas mediáticamente como “Las Ángeles de José Jerí”. Entre ellas figura Stephany Vega, quien ingresó al Congreso como asistente con un salario bajo y, en pocos años, pasó a ocupar un cargo de asesoría en la Presidencia del Consejo de Ministros, acompañado de un notorio cambio en su nivel de ingresos y patrimonio, según reportó el programa Panorama.
Estos casos han reavivado el debate sobre la meritocracia y la transparencia en los nombramientos dentro de la administración pública. Mientras no existe, hasta el momento, una investigación fiscal formal anunciada, las revelaciones han colocado bajo escrutinio el entorno político del presidente y los criterios utilizados para otorgar cargos de alta responsabilidad en el Estado.