La Junta Nacional de Justicia inició un proceso disciplinario contra Patricia Benavides después de la pesquisa que la acusa de liderar una posible red delictiva.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ), que había estado en sesión continua durante un día, decidió el martes iniciar de inmediato un procedimiento disciplinario contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Esta acción surge a raíz de las acusaciones del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop), que la señala como líder de una presunta red criminal en la cúpula del Ministerio Público.
Mediante un comunicado difundido en sus canales oficiales, el máximo órgano de gobierno de la judicatura indicó que la resolución ya fue comunicada a Benavides. En respuesta, la fiscal descartó renunciar a su cargo, argumentando que la acusación busca intimidarla y obstaculizar su «lucha contra la impunidad».
La JNJ explicó que el procedimiento disciplinario inmediato se aplica cuando hay evidencia suficiente de una conducta notoriamente irregular o de una falta disciplinaria muy grave detectada en el momento de su ejecución. Este organismo tenía la facultad de suspenderla.
Los fiscales supremos Pablo Sánchez y Juan Villena instaron a Benavides a renunciar el lunes para evitar «afectar la investigación», argumentando que su desempeño no concuerda con el cargo de máxima representante del Ministerio Público.
Esta solicitud se suma a un pronunciamiento anterior de los fiscales del equipo especial anticorrupción, quienes se rebelaron contra la magistrada después de que destituyera a la coordinadora de dicho grupo, Marita Barreto.
La decisión de Benavides se tomó después de que el equipo especial, en colaboración con la Policía, iniciara una investigación sobre su entorno más cercano, así como una operación denominada ‘Valquiria V’, que resultó en la detención de su mano derecha, Jaime Villanueva. La misma diligencia se llevó a cabo con Abel Hurtado y Miguel Ángel Girado, otros dos miembros del Ministerio Público cercanos a la fiscal, quien es señalada como la líder de una red criminal que habría influido de manera ilícita en decisiones del Congreso en al menos tres ocasiones: para impulsar la destitución de los titulares de la JNJ, designar al actual defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, y inhabilitar por el Congreso a la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.