La Ley N.º 32199 establece un límite de edad para el cese de funciones en el Estado, además de ajustes en la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y las licencias sin goce de haber.
El Congreso de la República promulgó la Ley N.º 32199, que introduce importantes reformas para los trabajadores del sector público. Entre las novedades más destacadas, se encuentra el establecimiento de un límite de edad para continuar trabajando en el Estado, junto con modificaciones en el cálculo de la CTS y las licencias sin goce de haber. Estas reformas buscan modernizar el sistema laboral estatal y brindar mayor claridad tanto a los empleados como a los empleadores.
Límite de edad para continuar trabajando en el Estado
Según la nueva ley, los trabajadores del sector público, regidos por el Decreto Legislativo Nº 276, deberán dejar sus funciones al cumplir 70 años. Esta medida, que se aplicará a partir de enero de 2025, establece que el cese será efectivo al finalizar el año en que el trabajador alcance esta edad, permitiendo así una transición más organizada para la jubilación.
La Ley N.º 32199 también introduce una nueva normativa sobre licencias sin goce de haber, permitiendo que los trabajadores puedan solicitarlas por un máximo de tres años, ya sea de manera continua o discontinua, dentro de un plazo de cinco años. Esta flexibilización da más opciones a los empleados para atender sus necesidades personales sin perder su vínculo con el sector público.
Modificaciones en la CTS
La ley también establece que la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) será calculada en base al 100% de la remuneración mensual del trabajador por cada año completo de servicio o por fracciones superiores a seis meses. Este cambio busca estandarizar el cálculo de este beneficio a nivel nacional en el sector público, evitando diferencias entre instituciones.
Implementación y vigencia de la ley
Las disposiciones de la Ley N.º 32199 entrarán en vigencia en enero de 2025. Desde esa fecha, las entidades públicas deberán emitir lineamientos específicos para asegurar que las nuevas reglas laborales se apliquen correctamente. Con estas reformas, el gobierno busca actualizar el sistema laboral estatal y asegurar un equilibrio entre las necesidades de los trabajadores y las instituciones públicas.