Nueva prórroga del proceso de formalización beneficiará a miles de operadores que aún no cumplen condiciones técnicas ni ambientales, en un contexto de emergencia y violencia en zonas auríferas
Mediante el Decreto Supremo N.º 012-2025-EM, el Poder Ejecutivo oficializó la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta el 31 de diciembre de 2025. La norma, suscrita por la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, precisa que esta prórroga aplicará únicamente para personas naturales o jurídicas con inscripción vigente o suspendida por un periodo igual o menor a un año, contado hasta el 30 de junio.
Según lo establecido, esta será la última prórroga del proceso, en tanto se tramita una nueva ley para la actividad minera en pequeña escala (MAPE). Sin embargo, la decisión ha generado preocupación en distintas regiones del país, especialmente en La Libertad, donde el uso extendido del REINFO ha sido vinculado al incremento de la minería ilegal, conflictos territoriales y violencia armada.
Actualmente, la provincia de Pataz se encuentra bajo estado de emergencia, con intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, debido a la presencia de organizaciones criminales que se disputan el control de corredores mineros. En esta zona, diversas operaciones ilegales han utilizado la cobertura del REINFO para ingresar maquinaria, movilizar personal y evadir controles ambientales y fiscales.
A pesar del contexto crítico, la norma publicada no incorpora nuevos mecanismos de fiscalización ni criterios más estrictos para garantizar que solo accedan a esta extensión quienes cumplen los requisitos mínimos de una operación minera responsable. Tampoco se establecen filtros adicionales que eviten que el registro continúe siendo utilizado por redes que operan al margen de la ley.
La ampliación del REINFO contrasta con las declaraciones previas de funcionarios del Congreso y del propio Ministerio de Energía y Minas, quienes en distintos momentos del año señalaron la necesidad de cerrar este registro y reemplazarlo por un sistema más riguroso, con capacidad de control técnico, ambiental y tributario.
Aunque el Ejecutivo ha señalado que la intención es facilitar la formalización de quienes demuestren voluntad de adecuarse al marco legal, lo cierto es que, en la práctica, una mayoría significativa de inscritos en el REINFO aún no logra cumplir con los estándares exigidos, y en muchas zonas su actividad ha generado impactos irreversibles en ecosistemas frágiles, afectando también a comunidades campesinas y poblaciones locales.
Frente a ello, distintas autoridades y especialistas en gestión territorial han reiterado la necesidad de adoptar un enfoque más integral, que no se limite a ampliar plazos, sino que establezca límites claros, monitoreo permanente y sanción efectiva frente al uso indebido del REINFO como fachada para actividades ilegales.