El Trujillano es acusado de apropiarse de más de S/ 10 mil que debían ser para los gastos de semana de representación. Él rechaza la acusación y asegura que será desestimada por el Poder Judicial.
El Ministerio Público ha solicitado una pena de 8 años de prisión y una inhabilitación de 5 años para el exdiputado Daniel Salaverry, alegando su presunta participación en el delito de peculado. El exjefe del Congreso está siendo acusado por la fiscalía de apropiarse de más de S/ 10,000 asignados por el Parlamento para gastos relacionados con sus actividades de representación entre 2017 y 2018.
La acusación fue presentada en julio por el fiscal Uriel Terán, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios. Recientemente, el juez supremo Juan Carlos Checkley notificó al acusado sobre este requerimiento, lo que marca el inicio de la fase de control de acusación, en la que se determinará si el caso avanza a juicio. En conversación con El Comercio, Daniel Salaverry ha negado las acusaciones y cree que serán rechazadas en el sistema judicial.
Nacido en Trujillo, Daniel Salaverry ha tenido una trayectoria política diversa, involucrándose con distintos partidos y figuras políticas a lo largo de los años. Fue miembro del Apra y candidato a alcalde de Trujillo por este partido en 2010, y posteriormente por Fuerza Popular en 2014. Finalmente, logró ser elegido como congresista en 2016 por el fujimorismo, representando a La Libertad.
Durante su tiempo en el Congreso, Salaverry se destacó por su defensa enérgica de su bancada y su líder, Keiko Fujimori. Llegó a ser designado como vocero en 2017 y posteriormente fue elegido presidente del Congreso en 2018. Sin embargo, después de enfrentar casos judiciales relacionados con Fujimori, se distanció del partido y renunció a la bancada en enero de 2019. Un reportaje de Panorama sobre informes falsificados en su semana de representación fue el punto de partida del caso penal en su contra.
Antes de abandonar Fuerza Popular, Salaverry ya había mostrado afinidad política con el entonces presidente Martín Vizcarra, quien estaba en conflicto con el fujimorismo. En las elecciones de 2021, Salaverry fue candidato presidencial por Somos Perú, con Vizcarra como cabeza de lista al Congreso. Sin embargo, su campaña no tuvo éxito y posteriormente se acercó a Pedro Castillo durante la segunda vuelta presidencial.
A lo largo de su trayectoria, Salaverry enfrenta ahora una acusación de peculado que se remonta a su época como vocero de Fuerza Popular entre 2017 y 2018. La acusación alega que se apropió de fondos asignados para «apoyo logístico en la semana de representación», ya que no asistió a ciertas actividades en su región durante esos períodos y no devolvió el dinero asignado.
La fiscalía también lo acusa de peculado por apropiación para otros, alegando que delegó a sus asesores para actividades de su semana de representación en diversas fechas, lo que estaba prohibido por las normativas del Congreso. La fiscalía afirma que esta práctica resultó en un perjuicio financiero.
En resumen, Salaverry afronta graves acusaciones por parte de la fiscalía, que alega que se apropió indebidamente de fondos asignados para actividades de representación durante su tiempo como congresista. Aunque Salaverry niega las acusaciones y espera que se desestimen en el sistema judicial, su futuro legal está en manos de los procesos judiciales que seguirán.