La fiscalía especializada en Corrupción de funcionarios lo acusa de favorecer irregularmente a una empresa con un contrato de más de tres millones de soles durante su gestión, en el contexto de la declaratoria de emergencia por el Fenómeno El Niño.
La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad formalizó la investigación preparatoria contra el exalcalde provincial de Trujillo, César Arturo Fernández Bazán, por el presunto delito de colusión agravada, tras detectarse graves irregularidades en la contratación directa para la adquisición de 6,000 barreras y canalizadores de inundaciones en el marco de la declaratoria de emergencia por el Fenómeno El Niño.
La medida fiscal, a la que tuvo acceso Agencia de Noticias Perú, fue emitida el 9 de Abril de este 2025 y alcanza a los exfuncionarios municipales Silvia Esperanza Vásquez Saldaña (subgerente de Abastecimiento), Luis Alberto Gutiérrez Gonzales (asesor legal), y otros, quienes habrían participado en un proceso simulado para beneficiar a la empresa Perú Ferias e Inversiones S.A.C., representada por Víctor Alexis Marquina Forttini, con una contratación directa por un monto de S/ 3,300,000.00.
Según la tesis del Ministerio Público, Arturo Fernández anunció públicamente la compra a esta empresa el 3 de noviembre de 2023, antes de que se iniciara formalmente el procedimiento de contratación. Días después, funcionarios de la comuna elaboraron informes, memorandos y estudios de mercado con el fin de justificar la adquisición directa, pese a que la normativa exigía la modalidad de Adjudicación Simplificada, al amparo del Decreto de Urgencia N.º 032-2023.
Asimismo, se advirtió que se presentaron informes técnicos duplicados, sin sustento válido, y que la justificación de “emergencia” invocada para la contratación no cumplía los requisitos legales, pues no existía evidencia técnica ni inmediatez del riesgo que justificara una compra de esa naturaleza sin licitación.
El contrato fue suscrito el 5 de diciembre de 2023 y el desembolso fue realizado el 21 de diciembre, sin que se contara con documentación técnica ni respaldo adecuado del proceso, como luego lo constató el Informe Técnico N.º 286-2024-MPT-GAF-SGA, que incluso alertó que no se halló acervo documentario sobre la operación en la Subgerencia de Abastecimiento.
La Fiscalía considera que los hechos descritos configuran una concertación indebida entre funcionarios públicos y un proveedor, con el objetivo de defraudar patrimonialmente al Estado, lo cual encaja dentro de los elementos del delito de colusión agravada, tipificado en el artículo 384 del Código Penal.
Con la formalización de la investigación preparatoria, el Ministerio Público pudo realizar diligencias más incisivas, como la toma de declaraciones indagatorias y testificales, peritajes contables y requerimientos documentales. Entre el 14 y 16 de mayo de 2025 se tomaron las declaraciones indagatorias de los investigados César Arturo Fernández Bazán, Silvia Esperanza Vásquez Saldaña, Víctor Alexis Marquina Forttini y Lucio Alberto Rosario Martell. Asimismo, el 20 de mayo declararon como testigos Laura Tejada Vásquez (CONECTAMEF) y Pedro Egusquiza Meléndez, representante de la empresa AQUA RIL SAC.
Actualmente, solo se está a la espera de que el fiscal decida presentar una acusación para que el caso avance a la etapa intermedia del proceso penal.