Extorsionadores podrán ir a prisión con condenas de hasta 30 años.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de Perú aprobó este viernes un proyecto de ley que introduce el delito de terrorismo urbano en el Código Penal.
Con 14 votos a favor y 4 abstenciones, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, presidida por el legislador Américo Gonza Castillo (PL), aprobó el dictamen relacionado con los proyectos de ley 05525/2022-CR, 05838/2023-CR y 05969/2023-CR.
La propuesta incluye el Capítulo II, Terrorismo Urbano, en el Título XIV del Libro Segundo del Código Penal, Decreto Legislativo 635, que abarca los artículos 318-A y 318-B.
El proyecto establece que quien provoque o realice actos que configuren dos o más delitos previstos en los artículos 108, 108-C, 108-D, 121, 129-A, 129-B, entre otros, así como delitos agravados de la Ley de Delitos Informáticos, generando un estado de zozobra en la población o en un sector de ella con el fin de obtener ventaja o beneficio económico, será castigado con una pena privativa de libertad de no menos de 23 ni más de 30 años y 365 días multa.
Asimismo, se tipifican los actos agravados de terrorismo urbano y la pena correspondiente por cometer dicho delito. En este sentido, se indica que la pena será no menor de 30 años si el agente utiliza armamentos, materiales o artefactos explosivos, o si emplea armas, municiones o explosivos pertenecientes a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional del Perú.
“Si el agente comete terrorismo urbano desde el interior de un establecimiento penitenciario, donde se encuentra privado de su libertad, si utiliza a menores de edad u otros inimputables para su comisión, actúa con gran crueldad (…) o si la víctima es un funcionario comprendido en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú, miembro de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, miembro del Tribunal Constitucional o cualquier autoridad elegida por mandato popular”, señala la iniciativa.
Además, se establece que la sanción también se aplicará si el delito es cometido por dos o más personas, o si el hecho afecta torres de energía o transmisión, o cualquier servicio público de agua o energía eléctrica.
En los últimos meses, se han registrado en el país, especialmente en la región norteña de La Libertad, ataques de organizaciones delictivas contra una empresa minera y el derribo de torres de alta tensión, en medio del auge de la minería aurífera ilegal.