Directores de la empresa de saneamiento habrían autorizado obras millonarias sin sustento técnico ni legal, según denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción de La Libertad.
Una reciente denuncia formal ante la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad ha puesto en la mira a altos funcionarios de Sedalib S.A. por presuntas contrataciones directas irregulares, amparadas en una supuesta situación de emergencia. La acusación, presentada por los directores de la sociedad civil de Sedalib, Frank Eduardo Sánchez Romero y Ricardo Manuel Delgado Arana, apunta a un posible caso de colusión, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, tipificados en los artículos 384° y 399° del Código Penal.
Según lo denunciado, al menos ocho procesos de contratación fueron tramitados bajo el amparo de la Resolución de Gerencia General N.° 190, emitida el 3 de junio de 2025, en la cual se declara la prioridad y urgencia de determinadas obras y servicios, sin que figure el sustento legal correspondiente emitido por la Gerencia Legal de la empresa. En su lugar, el único respaldo legal proviene de un informe firmado por un abogado externo contratado por el área de Logística, lo que infringe los procedimientos establecidos en materia de contrataciones públicas.
Entre las obras observadas destacan la rehabilitación y renovación del alcantarillado sanitario de la avenida España en Trujillo y la reparación de redes de alcantarillado en once calles del distrito El Porvenir, ambas por un valor que supera los 15 millones de soles. A estas se suman otros servicios por más de un millón y medio de soles, como la demolición del reservorio elevado de Moche y la adquisición de cuatro equipos de bombeo de aguas residuales por un monto cercano a los 700 mil soles, acumulando un total aproximado de 18 millones de soles en contrataciones directas.
La justificación de estas contrataciones se basa en el Decreto Supremo N.° 033-2025-PCM, que declara el estado de emergencia por 60 días en diversas zonas del país debido al peligro inminente por lluvias intensas. No obstante, este decreto establece claramente que toda intervención debe guardar un nexo de causalidad directa con el evento que motiva la emergencia, y debe estar respaldada por estudios técnicos emitidos por las entidades competentes. En el caso de Sedalib, ese requisito no se habría cumplido.
Entre los funcionarios señalados como presuntos responsables se encuentran miembros de la alta dirección de Sedalib, como Percy Lucio Ricardo Rosario Martell (Presidente del Directorio) y Víctor Manuel Gutiérrez Muñoz (Gerente General), así como representantes de las áreas legal, logística y técnica de la empresa. También figuran contratistas y consultores externos que habrían sido beneficiados con los contratos, como el ingeniero Luis Martín Calle Sampén, quien emitió un informe de riesgos por 42,500 soles, y representantes de empresas como HAMA SAC, Kuntur Wasi Ingenieros SRL y T&A SAC.
La denuncia ya fue ingresada al Ministerio Público el 23 de junio de 2025 y solicita el inicio de diligencias preliminares para esclarecer los hechos y determinar la posible comisión de delitos contra la administración pública. De comprobarse los cargos, los involucrados podrían enfrentar sanciones penales y administrativas.
Este caso ha generado preocupación en la ciudadanía y en el Concejo Municipal de Trujillo, que exige transparencia y sanción ejemplar si se comprueba la utilización indebida del estado de emergencia para direccionar contratos millonarios sin la debida justificación legal ni técnica.