La Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionó la decisión del Congreso de inhabilitar por 10 años a la fiscal de la Nación suspendida, al considerar que podría vulnerar garantías institucionales y el debido proceso.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por la decisión del Congreso de la República de inhabilitar por una década a Delia Espinoza para ejercer cargos públicos, medida que impide su retorno al Ministerio Público como fiscal de la Nación.
A través de un pronunciamiento difundido en redes sociales, la CIDH recordó que los operadores de justicia cuentan con garantías reforzadas de estabilidad y que cualquier remoción debe ajustarse estrictamente a causales previstas en la ley, además de respetar procedimientos objetivos, imparciales y el debido proceso.
#Perú: La #CIDH expresa su profunda preocupación ante la decisión del Congreso de la República de inhabilitar a la Fiscal Suprema Delia Espinoza para el ejercicio de funciones públicas por un plazo de 10 años.
— CIDH – IACHR (@CIDH) December 12, 2025
La CIDH recuerda que las personas operadoras de justicia cuentan con… pic.twitter.com/c3Q6kBymms
El organismo internacional advirtió que las inhabilitaciones impuestas por el Parlamento a fiscales y miembros de órganos constitucionales autónomos pueden poner en riesgo la independencia y la separación de poderes, especialmente cuando no se respeta el principio de legalidad ni las garantías constitucionales.
Cabe recordar que Espinoza fue inhabilitada en un primer proceso vinculado a la aprobación de un reglamento en la Junta de Fiscales Supremos. Además, enfrenta un segundo procedimiento en curso por denuncias constitucionales que serán evaluadas en la Comisión Permanente, lo que mantiene abierto el debate sobre el alcance de las decisiones del Congreso y su impacto en la institucionalidad democrática.
