El máximo tribunal anuló la absolución dictada en 2023 al advertir serias fallas en la motivación judicial y dispuso que un nuevo colegiado vuelva a evaluar el caso en juicio oral público.
La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto la sentencia que absolvió a los hermanos Santos Orlando, Segundo Manuel y Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, así como a otros procesados, por el delito de lavado de activos agravado presuntamente vinculado al tráfico ilícito de drogas. Con esta decisión, se ordenó la realización de un nuevo juicio oral público para volver a analizar los hechos y las pruebas presentadas.
La resolución fue emitida por la Sala Penal Transitoria mediante la Resolución de Nulidad N.° 151-2024, con fecha 18 de diciembre de 2025, luego de declarar fundados los recursos interpuestos por el Ministerio Público y la Procuraduría Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas. El fallo cuestiona la sentencia absolutoria emitida en noviembre de 2023 por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria.
Según la Corte Suprema, el fallo anulado presentaba deficiencias graves de motivación e inconsistencias internas. Uno de los principales cuestionamientos es que la sala superior validó en 2016 la imputación fiscal para llevar el caso a juicio, pero años después absolvió a los acusados alegando supuestas deficiencias en dicha imputación, contradicción que —según el tribunal— debió resolverse antes del inicio del juicio oral.
El supremo tribunal también advirtió una evaluación incompleta de pruebas relevantes, como informes de inteligencia policial y de la DEA, además de testimonios de agentes antidrogas relacionados con presuntas actividades en México y Trujillo. Para la Corte, estos elementos no fueron valorados de manera integral, afectando el análisis sobre la existencia del delito de lavado de activos con agravante por narcotráfico.
Finalmente, la resolución dispone que un nuevo tribunal realice un juicio oral con una valoración conjunta de las pruebas, incluyendo una pericia económica y financiera integral, con apoyo de la UIF, que permita evaluar el presunto desbalance patrimonial. El caso, que se investiga desde 2008, volverá así a una etapa clave para definir la situación legal de los hermanos Sánchez Paredes, otros implicados y varias empresas vinculadas.
Fuente: Causa Justa