Un exhaustivo informe de auditoría de la Contraloría revela que funcionarios de la gestión de Carlos Arroyo otorgaron conformidades a trabajos que no cumplían las normas técnicas y omitieron penalidades en el proyecto del AA.HH. Aurora Díaz.
(Salaverry) – La gestión de Carlos Arroyo vuelve a estar bajo la lupa en La Libertad. El Informe de Auditoría N° 008-2026-2-0424-AC de la Contraloría General de la República ha detallado una serie de irregularidades en la ejecución de la obra de mejoramiento de transitabilidad en las calles Alfredo Tello, Spelucin, Carlos Manuel Cox, Manuel Seoane, Antenor Orrego y Manuel Arévalo. El perjuicio económico total asciende a S/ 331 756,48.
El uso de materiales fuera de norma: Pistas con fallas prematuras
Uno de los puntos más críticos del informe señala que la administración municipal otorgó la conformidad y pagó valorizaciones por partidas de subbase y base granular que no cumplían con las especificaciones técnicas.
Según el ente de control, se utilizaron materiales que no alcanzaban los niveles de compactación requeridos. Pese a que los ensayos técnicos indicaban resultados desfavorables, los funcionarios validaron los trabajos, lo que ha derivado en un desgaste prematuro y la aparición de fisuras antes de cumplir su tiempo de vida útil. Este hecho representa un perjuicio de S/ 226 075,16.
Pagos en exceso y el rol del «Consorcio Trujillo»
La auditoría fue enfática al señalar que la Municipalidad de Salaverry pagó montos en exceso por un total de S/ 17 840,84 en el rubro de gastos generales.
Este pago se realizó a favor del ejecutor de la obra, el Consorcio Trujillo, por la supuesta obtención de una carta fianza que nunca fue presentada. El consorcio, representado por Emerson Lincoln Carrasco Marrufo, está integrado por las empresas:
- Constructora y Pavimentos del Perú S.A.C. (RUC: 20440131931)
- Grupo de Empresas Constructoras Industriales y Afines S.R.L. (RUC: 20439639700)
Al ser una MYPE, el consorcio se acogió a la retención del 10% como garantía, por lo que el cobro por una póliza inexistente carece de sustento real.
Inacción ante incumplimientos y penalidades «perdonadas»
Además de las fallas técnicas, el informe revela que la entidad inaplicó penalidades por un total de S/ 87 840,48. A pesar de que la municipalidad fue notificada sobre incumplimientos en seguridad y calidad por parte del contratista, los funcionarios no realizaron los descuentos correspondientes, permitiendo que la empresa evitara sanciones económicas.
Responsabilidades penales, civiles y administrativas
La Contraloría ha identificado presunta responsabilidad en funcionarios clave y personal técnico. El informe ha sido derivado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción.
Relación de implicados según el informe:
- Diego Alejandro Pacheco Rodríguez (Inspector de Obra): Responsabilidad Penal y Administrativa.
- Luis Fernando Perleche Otiniano (Subgerente de Obras, Estudios y Proyectos): Responsabilidad Penal y Administrativa.
- Everth Henrry Díaz Miranda (Gerente de Proyectos y Desarrollo Urbano): Responsabilidad Penal y Administrativa.
- Jesús Elizabeth Vargas Ramírez (Secretaria Técnica PAD): Responsabilidad Administrativa por permitir la prescripción de potestad disciplinaria.
- Freddy Javier López Vega (Residente de Obra – Consorcio Trujillo): Señalado por tramitar valorizaciones sin cumplimiento técnico y el cobro indebido de la fianza.
Finalmente, la Contraloría recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad, con el fin de salvaguardar los intereses del Estado y resarcir el daño económico causado al distrito.