El órgano de control identificó presunta responsabilidad penal y administrativa por deficiencias en la supervisión de actividades mineras, hidrocarburos y residuos sólidos en la cuenca del río Moche.
La Contraloría General de la República identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en 14 funcionarios y servidores del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por irregularidades detectadas en la fiscalización de tres unidades vinculadas a minería, hidrocarburos y residuos sólidos.
Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 011-2026-2-5684-AC, que comprende el periodo del 15 de febrero de 2023 al 16 de enero de 2026, funcionarios de la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas realizaron un análisis fragmentado de la información recogida durante las supervisiones efectuadas entre 2023 y 2025 en la unidad fiscalizable Quiruvilca.
En 2023 se detectaron elevadas concentraciones de metales en aguas residuales industriales, además de deterioro e inestabilidad física en componentes de la minera. Pese a que en 2024 y 2025 se reconoció la persistencia de condiciones ambientales críticas, no se dispusieron medidas preventivas.
La Contraloría también observó un caso relacionado con una empresa comercializadora de combustible en Trujillo. Aunque dependencias del OEFA reconocieron que la falta de impermeabilización de una fosa permitió la fuga de combustible y afectó el agua subterránea de un pozo domiciliario, posteriormente se determinó que no correspondía imponer medidas correctivas.
Asimismo, la Oficina Descentralizada del OEFA en La Libertad verificó en 2025 que las medidas preventivas dictadas para atender la contaminación no habían sido implementadas, pero no continuó con las acciones para imponer multas coercitivas. Posteriormente se corroboró que la contaminación persistía.
Otra situación fue detectada en el botadero San Idelfonso, en Laredo, donde tampoco se impulsaron las acciones correspondientes ante el incumplimiento de medidas preventivas ordenadas a la municipalidad distrital para el manejo y cobertura de residuos sólidos y la prevención de quemas.
El informe fue remitido a la Procuraduría Pública de la Contraloría para el inicio de las acciones legales correspondientes y al titular del OEFA para el deslinde de responsabilidades.