La exministra de Mujer y Poblaciones vulnerables propone que los privados de su libertad realicen trabajos como construcción de carreteras, cosechar el campo, lijar tablones de madera o fabricar muebles para poder autosostenerse en el penal y no generen gasto al estado.
La congresista Katy Ugarte, sin afiliación partidaria, presentó el jueves 20 de julio un proyecto de ley que busca establecer la obligación de que las personas privadas de su libertad trabajen para sufragar los gastos de su reclusión y compensar a las víctimas.
Para ello, propone modificar el artículo 23 de la Constitución Política del Perú, el cual actualmente establece que «nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento».
En caso de ser aprobada la propuesta, el artículo se reformularía de la siguiente manera: «Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento, excepto las personas sentenciadas por delitos y privadas de su libertad, quienes estarán obligadas a trabajar conforme a sus condiciones de salud y recibirán una compensación adecuada para sufragar los costos de su reclusión y la reparación civil a la víctima».
En su propuesta, la parlamentaria menciona que labores como el arreglo de carreteras, la cosecha en el campo, el lijado de tablones de madera o la fabricación de muebles son algunas de las tareas que los prisioneros realizan en diferentes partes del mundo, por lo que sugiere que también podrían llevarse a cabo en este caso.
La congresista sostiene que expertos coinciden en que el empleo dentro de la prisión conlleva beneficios significativos, como una mejor rehabilitación y menor probabilidad de reincidencia, así como el desarrollo de habilidades de autodisciplina y aprendizajes importantes para la reinserción social, lo que mejora la autoestima de los reclusos, entre otros aspectos.
Además, respalda su propuesta con datos de un estudio que analiza los costos del crimen y la violencia en 17 países de la región, donde se señala que los costos directos e indirectos del encarcelamiento ascienden a US$14 mil millones al año entre 2010 y 2014, representando aproximadamente el 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB). Por lo tanto, argumenta que el encarcelamiento masivo resulta costoso para la sociedad.
Actualmente, Perú cuenta con 68 cárceles a nivel nacional, albergando a 90 mil reclusos, a pesar de que la capacidad máxima es de 41 mil 211 personas. El Estado invierte un promedio de 5 mil soles mensuales por cada interno en el país, según datos del Ministerio de Justicia.
La congresista enfatiza que su propuesta busca lograr que el mantenimiento penitenciario de los reos sea autosostenible, lo que no afectaría las finanzas del país.
Es importante mencionar que este proyecto se suma a otro presentado por el parlamentario América Gonza Castillo (Perú Libre). La diferencia radica en que el legislador propuso que la obligatoriedad de trabajar solo se aplique a aquellos ciudadanos con sentencia, mientras que para quienes aún no han sido condenados, el trabajo sería voluntario.
Según información del Inpe, en Perú, 49 de las 68 cárceles habilitadas están sobrepobladas, teniendo al menos un 20% más de reclusos de lo permitido por su capacidad. En 10 centros penitenciarios, la sobrepoblación supera el 300%, destacando casos como el penal del Callao y el centro de Chanchamayo en Junín, que tienen un hacinamiento alarmante.
Asimismo, el penal de Quillabamba en Cusco, el de Abancay en Apurímac y el de Camaná en Arequipa también presentan cifras significativas de sobrepoblación, lo que evidencia la urgencia de abordar la problemática carcelaria en el país.