Jessica Luna, directora ejecutiva de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, sostiene que las autoridades actuales gestionan sus municipios como «feudos» y llevan a cabo acciones arbitrarias que pueden resultar en responsabilidad penal.
El cierre de centros comerciales y negocios sin respaldo técnico o legal, la obstrucción de proyectos ya aprobados, como la estación número 13 de la Línea 2 del Metro de Lima, y otros obstáculos que enfrenta la inversión privada en el país señalan directamente a las autoridades municipales como responsables. En relación con esto, Jessica Luna, directora ejecutiva de ComexPerú, advirtió que «esto pone en peligro la reactivación económica, perjudica a miles de empresarios y a los empleos que generan».
Este escenario también socava los principios de seguridad jurídica, afectando la previsibilidad de las inversiones y minando la confianza empresarial. Luna lamentó casos como el cierre arbitrario del restaurante Granja Azul por parte del alcalde de Ate, así como la paralización de la puesta en marcha de un centro comercial por la Municipalidad de La Molina, a pesar de contar con todas las autorizaciones necesarias, impidiendo la creación de 1,500 empleos directos y la operación de 30 comercios, muchos de ellos pequeñas y medianas empresas (pymes).
Aunque algunos casos mediáticos se resolvieron, los empresarios siguen enfrentando arbitrariedades de funcionarios municipales, extorsiones de mafias organizadas y delincuencia. Luna subrayó la urgencia de que las autoridades municipales cumplan estrictamente con la ley y colaboren con los negocios y la generación de empleo formal en sus localidades. También instó al Ejecutivo a no permanecer indiferente, enfatizando que esto es responsabilidad de todos y que es crucial trabajar con los alcaldes para garantizar un entorno seguro para la inversión privada.