El Gobernador Regional de La Libertad señaló que están a la espera del plan de acción para determinar el papel que desempeñará el Ejército en la lucha contra el crimen organizado.
El gobernador regional César Acuña Peralta anunció su expectativa ante la posible publicación de un decreto supremo que declare en emergencia las provincias de Trujillo y Pataz por 60 días. En esta ocasión, expresó su deseo de que las medidas adoptadas no se limiten a lo ya conocido, ya que la principal demanda de los habitantes de La Libertad es vivir con seguridad y sin temor.
Además, mencionó que ha mantenido conversaciones con el primer ministro Alberto Otárola para establecer una mesa de trabajo la próxima semana en Trujillo, en la que participarán los ministros de Defensa y del Interior, así como altos mandos militares y representantes de instituciones relevantes como el Poder Judicial, la Junta de Fiscales, la Prefectura y la Defensoría del Pueblo, entre otros.
Acuña resaltó la importancia de que la declaración de emergencia se traduzca en acciones concretas y efectivas para abordar el problema de la inseguridad. Subrayó que el éxito de estas medidas dependerá en gran medida del compromiso y apoyo de todas las autoridades involucradas en resolver la situación.
En cuanto a la actuación de las Fuerzas Armadas, anticipó que se designará un coronel del Ejército para liderar autónomamente las operaciones contra el crimen en Pataz.
Además, anunció planes para realizar acciones cívicas en colaboración con las Fuerzas Armadas, con el objetivo de brindar apoyo a la población durante el estado de emergencia. Destacó la importancia de transmitir a la comunidad que las autoridades están comprometidas con su seguridad y bienestar.
Asimismo, expresó su interés en conocer el plan de acción del general de la Policía Nacional y cómo se coordinará con el Ejército durante este período de emergencia. En su calidad de presidente del CORESEC, reiteró su compromiso de liderar la lucha contra la inseguridad ciudadana y de trabajar en conjunto con todas las autoridades pertinentes para abordar el problema del crimen organizado.