El gobernador César Acuña impulsa una reforma constitucional para enfrentar delitos de sicariato y extorsión, planteando medidas legales más contundentes en favor de la seguridad ciudadana.
En respuesta al alarmante aumento de la criminalidad en el país, César Acuña, gobernador de La Libertad y líder de Alianza Para el Progreso (APP), presentó un proyecto de Ley de Reforma Constitucional. La propuesta busca permitir el levantamiento del secreto bancario, de las comunicaciones y telecomunicaciones en casos de delitos graves como sicariato y extorsión, herramientas que considera esenciales para combatir el crimen organizado.
Acuña destacó que esta iniciativa responde a una de las demandas más sentidas de la población: mayor seguridad. Según señaló, el propósito es dotar a las autoridades policiales y fiscales de mecanismos legales que les permitan actuar con eficacia. «No podemos seguir siendo testigos pasivos de cómo el crimen amenaza nuestra tranquilidad. Estos delincuentes no merecen ampararse en el secreto bancario o de telecomunicaciones», afirmó.
La propuesta plantea modificar el artículo 2 de la Constitución para autorizar a las autoridades a acceder a información financiera y de telecomunicaciones en casos de delitos graves como extorsión, sicariato, marcaje, reglaje y tráfico ilícito de drogas. Estos crímenes, que generan una creciente sensación de inseguridad, representan un reto para las autoridades en todo el país.
La iniciativa se presenta en un contexto de creciente inseguridad, con cifras que posicionan a Perú entre los países más afectados por delitos violentos en América Latina. Aunque la medida podría generar controversia por su impacto en derechos fundamentales, Acuña considera que la reforma es urgente para fortalecer la capacidad de respuesta frente a las redes criminales que afectan la vida cotidiana de los peruanos.