Congresista de Alianza para el Progreso fue acusada de exigir parte de los sueldos y bonos de sus trabajadores, pero la falta de pruebas llevó al archivo del caso.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó la denuncia contra la congresista de Alianza para el Progreso (APP), Rosío Torres, implicada en el caso «Mochasueldos» por presuntamente recortar los salarios de su equipo de trabajo. La acusación, presentada por el exfiscal de la Nación Juan Carlos Villena, no obtuvo el respaldo necesario para seguir su curso.
El informe que sustentó el archivamiento fue presentado por el congresista Segundo Quiroz, del Bloque Magisterial, quien argumentó que el Ministerio Público no logró demostrar con certeza los hechos imputados. Sostuvo que la falta de pruebas materiales y la ausencia de evidencia directa impidieron configurar el delito de concusión.
Sin embargo, en su momento, la Fiscalía presentó conversaciones de WhatsApp que, según su investigación, demostrarían que Torres usaba el dinero recaudado para financiar la campaña política de su esposo, el excongresista Fernando Meléndez Celis. Además, se señaló que obligaba a su personal a realizar actividades proselitistas durante el horario laboral.
A pesar de estas revelaciones, la subcomisión determinó que no existían pruebas suficientes para sustentar la denuncia constitucional. No obstante, el pasado 6 de enero, el Poder Judicial autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de la parlamentaria en el marco de las investigaciones.