Entre 2019 y 2024, 96 agentes fueron vinculados a presuntos actos ilícitos relacionados con la minería ilegal, especialmente en La Libertad, donde también ocurrió un reciente asesinato múltiple en un socavón.
Desde el 2019, el Tribunal de Disciplina Policial ha emitido al menos 37 resoluciones que involucran a 96 efectivos de la Policía Nacional por presuntos nexos con la minería ilegal en regiones como La Libertad, Piura, Puno, Ucayali, entre otras. Las denuncias van desde el robo de mineral hasta la filtración de operativos y la alteración de pruebas, reflejando una preocupante infiltración de este delito en las filas policiales.
Sin embargo, la impunidad se mantiene. A pesar de las evidencias en varios casos, las sanciones han sido mínimas y muchos procesos fueron archivados. Esta situación cobró mayor notoriedad tras el asesinato de 13 trabajadores en un socavón de Minera Poderosa, en Pataz, donde se reveló que dos agentes en actividad, Gianpaul Bastidas y Franklin Pérez, eran dueños de la empresa que subcontrató a las víctimas.
La Libertad concentra la mayor cantidad de policías involucrados, con 36 casos, seguida de Piura (19), Ica (13) y otras regiones. Estos hechos reflejan una crisis estructural que pone en duda la capacidad del Estado para frenar la expansión de la minería ilegal y sus redes de protección dentro de las fuerzas del orden.