Un tercio de las cámaras de videovigilancia no funcionan porque la gestión de Juan Carranza no asignó presupuesto para su mantenimiento.
La Contraloría General de la República alertó que 24 de las 93 cámaras de seguridad instaladas en El Porvenir se encuentran fuera de servicio, reduciendo significativamente la capacidad de respuesta frente a incidentes en el distrito. El informe señala que esta situación se debe a la falta de mantenimientos preventivos y correctivos que no fueron contemplados en el Presupuesto Inicial de Apertura del 2025.
Durante la inspección realizada el 20 de noviembre en la Central de Monitoreo de Río Seco, los auditores verificaron que solo 69 cámaras estaban operativas. Entre las fallas detectadas figuran equipos sin medidor eléctrico, puntos sin fibra óptica y cámaras apagadas por falta de energía en sus zonas de instalación, lo que impide la transmisión constante de imágenes.
La situación se agrava porque la actual gestión municipal no asignó recursos para el mantenimiento de estos equipos a lo largo del año. Un reporte de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto admite que la comuna no contaba con disponibilidad financiera para incorporar presupuesto destinado al mantenimiento del sistema de videovigilancia, afectando directamente su operatividad.
Esta no es la primera advertencia. La Contraloría recuerda que ya existían observaciones previas sobre el deterioro del sistema, pero no fueron levantadas dentro de los plazos establecidos. Las deficiencias persisten y continúan registradas como “no corregidas”, pese a su impacto directo en la seguridad ciudadana.
Ante este escenario, el órgano de control exhortó a la Municipalidad de El Porvenir a adoptar medidas inmediatas para restablecer la operatividad total del sistema y a informar, en un plazo de cinco días hábiles, las acciones que se tomarán para revertir la situación.
Como se recuerda, el Porvenir es un distrito donde los vecinos reportan con frecuencia hechos delictivos y situaciones de riesgo que requieren una respuesta rápida de las autoridades. La falta de cámaras operativas limita la capacidad de prevención y reduce las posibilidades de identificar a los responsables.