La nueva Unidad de Flagrancia en Trujillo, que iniciará sus operaciones el 26 de agosto, se perfila como un modelo a seguir en el ámbito nacional debido a sus avanzadas capacidades estructurales y logísticas.
El Ministro de Justicia, Eduardo Arana, junto al gobernador César Acuña y el presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Víctor Burgos, han supervisado el progreso de esta nueva unidad, que promete ofrecer una respuesta rápida y efectiva ante delitos diversos.
Arana destacó que la unidad no solo contará con infraestructura de primer nivel, sino también con un equipo de trabajo integrado por jueces, fiscales, policías y médicos forenses, e incluso dispondrá de un laboratorio de criminalística propio. Este enfoque permitirá un manejo eficiente de los casos judiciales.
El gobernador Acuña subrayó que La Libertad se convertirá en pionera en administración de justicia con esta unidad, cuyo modelo ha sido inspirado en el sistema ecuatoriano, caracterizado por su estructura que facilita el rápido avance de los procesos judiciales y asegura la protección de las víctimas.
El Ministro Arana indicó que la unidad será crucial para enfrentar el problema de la justicia ineficaz, señalando que solo un pequeño porcentaje de casos llega actualmente a instancias de flagrancia. La nueva unidad buscará resolver el 100% de los casos, eliminando los problemas actuales en el sistema judicial.
La construcción de la unidad en la urbanización Los Granados está en un 90% de avance, y se espera que esté completamente terminada y operativa para finales de agosto. El Ministro Arana anticipa que este será un cambio radical en la lucha contra la delincuencia en la región.
En paralelo, se está llevando a cabo el traslado de 11 reos de alta peligrosidad a penales de máxima seguridad, y se planea trasladar a 32 internos adicionales en las próximas semanas. Esta medida busca reforzar la seguridad en el sistema penitenciario.
El Ministro también presentó dos nuevas iniciativas: un Centro de Atención Legal Gratuita para personas de bajos recursos y el primer Centro de Arbitraje Popular del país, ambos ubicados en Trujillo, con el objetivo de mejorar el acceso a la justicia y resolver conflictos de manera efectiva.