El Tribunal Constitucional respaldó la norma que otorga un rol activo a la Policía en la etapa inicial de la investigación penal, pero aclaró que el control jurídico seguirá en manos del Ministerio Público.
El Tribunal Constitucional (TC) declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Ministerio Público y el Colegio de Abogados de La Libertad contra la ley que permite a la Policía Nacional del Perú (PNP) asumir un papel protagónico en las investigaciones preliminares. El organismo sostuvo que la norma no transgrede la Constitución, al mantener la conducción jurídica de las investigaciones bajo la responsabilidad de la Fiscalía.
La decisión respalda las reformas introducidas por la Ley 32130 y los decretos legislativos 1532, 1604 y 1611, los cuales otorgan nuevas atribuciones a la PNP desde la detección de un presunto delito. Aunque se amplía la autonomía operativa de la Policía, el TC remarcó que esta debe actuar bajo protocolos de coordinación con el Ministerio Público y que su informe no tiene carácter vinculante.
Según el fallo, la Policía podrá realizar diligencias inmediatas —como recabar pruebas o interrogar testigos— siempre que dé cuenta de sus acciones al fiscal, quien decidirá cómo intervenir. El TC señaló que esta redistribución de funciones busca mejorar la eficiencia en la persecución penal, sin desnaturalizar el principio de colaboración funcional entre ambas instituciones.
Sin embargo, la Fiscalía advirtió que la norma abre la posibilidad de que la PNP asuma tareas que, constitucionalmente, le corresponden al Ministerio Público, como calificar delitos o dirigir diligencias sin una supervisión efectiva. La entidad alertó que ello podría derivar en decisiones tomadas sin control fiscal y afectar la legalidad de las investigaciones.
Aunque el TC sostiene que la conducción jurídica sigue siendo competencia del Ministerio Público, también reconoció que la implementación de la ley debe hacerse conforme a los principios constitucionales y con garantías suficientes para los derechos fundamentales de los investigados. El fallo ha generado preocupación en sectores jurídicos, que temen una pérdida progresiva de funciones del órgano fiscalizador frente al protagonismo policial.