La incontrolable ola de inseguridad y violencia en el país es cada vez más insostenible. Extorsiones, cobro de cupos y secuestros al paso, son solo algunas de las consecuencias de la falta de un plan de seguridad ciudadana que frene con esta guerra criminal desatada entre delincuentes peruanos y venezolanos.
El impacto social generado por esta “guerra” que se realiza en los márgenes de los distritos de La Victoria y El Agustino es grave, y coloca en evidencia la disfuncionalidad de las instituciones democráticas y la ineficacia de las normas.
La conmoción social que puede generar un panorama caótico donde las órdenes son realizadas por grupos delincuenciales y no por el Estado, hace que la reacción de la ciudadanía sea la de imponer respeto. Sin embargo, esta reacción debe ser controlada, reprimiendo a los malos elementos extranjeros que contaminan la buena voluntad de la gente de bien.
Mencionó Juan Castañeda Méndez, docente de la Escuela de Derecho de la Universidad César Vallejo, campus Trujillo.
Según cifras oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), solo en el primer trimestre del año se registraron más de 26 500 robos, lo que significa un aproximado de 296 robos ejecutados diariamente.
Pero, sin duda, el video que se viralizó en redes sociales con la respuesta de los integrantes de la autodenominada banda de “Los Gallegos”, ha causado mayor temor entre la ciudadanía, sobre todo por la exposición de armamento que muchas veces ni la PNP usa durante sus intervenciones.
Este armamento obtenido en el mercado negro se logra no por una falta de regulación, sino por la falta de políticas de seguridad de control sobre el armamento tanto para su acceso corrupto y la impunidad en su uso”.
Acotó el Dr. Castañeda Méndez
Finalmente, el especialista recomendó tomar medidas focalizadas, generando espacios de investigación, sanción y, sobre todo, las deportaciones de aquellos ciudadanos con antecedentes policiales. Sobre el uso de motocicletas, el principal vehículo de transporte asociado a este tipo de actos vandálicos, sugirió el registro titular y de monitoreo, porque la prohibición del uso de la misma iría contra el derecho al trabajo de muchas personas que hacen uso de las motos.