Alcalde Mario Reyna cuestiona ejecución sin planificación ni control: “La Contraloría no puede seguir mirando al costado”
En medio de crecientes cuestionamientos ciudadanos sobre el uso del dinero público, el alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, criticó duramente la forma en que los regidores de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) manejan el presupuesto que ellos mismos se aprobaron para supuestas labores de fiscalización. Aunque este fondo está respaldado por la Ley N.° 31812, que busca fortalecer el control político, su ejecución ha sido mínima, desordenada y, según el alcalde, carente de cualquier impacto real.
“El problema no es que fiscalicen —que lo hagan donde quieran—, sino que lo hagan sin objetivos, sin planificación y sin evaluación. Eso es lo que tiene que corregirse. La Contraloría no puede seguir mirando al costado”, declaró Reyna tras reunirse con el jefe regional de dicha entidad, William León.
Un fondo aprobado por ellos mismos… sin control
La Ley N.° 31812 permite a los concejos municipales asignar entre el 1 % y el 2 % de su presupuesto consolidado (FONCOMÚN e impuestos municipales) a la fiscalización de regidores. Sin embargo, en Trujillo, ese beneficio se ha convertido en un cheque en blanco que los mismos concejales se otorgaron sin exigir resultados a cambio.
Solo en 2024, los regidores de la MPT se asignaron un presupuesto de S/ 1,233,238. De ese monto, ejecutaron apenas S/ 321,540, es decir, un 28.07 %. Para 2025, se han reservado S/ 1,124,810 y, hasta la fecha, han gastado S/ 441,080 (39.21 %), sin que exista evidencia concreta de acciones o informes que justifiquen esos recursos.
“En cualquier otra área del Estado, si alguien quiere gastar, tiene que presentar un plan, un objetivo, una meta. Aquí, se han aprobado ellos mismos un presupuesto millonario y ni siquiera están obligados a demostrar qué han logrado con eso”, advirtió el alcalde.
¿Fiscalización o gasto disfrazado?
Uno de los principales vacíos señalados por Reyna es que los regidores pueden contratar asesores con estos fondos sin controles técnicos, sin rendición de cuentas ni filtros de idoneidad. Según cifras de la propia municipalidad, entre el 70 % y 80 % de los regidores ya cuenta con asesores pagados con este dinero.
“La lógica es que un regidor debe tener perfil técnico. Pero en lugar de asumir su rol, contratan asesores sin ninguna garantía de que sean útiles. ¿A quién están fiscalizando con eso?”, cuestionó.
Un fondo que nació con buenas intenciones, pero sin brújula
La norma fue creada con la intención de fortalecer la democracia local y el control político, pero la práctica evidencia que el uso del fondo ha derivado en un gasto opaco, sin planificación ni evaluación.
Para el alcalde, urge una reforma normativa que exija a los regidores rendir cuentas del dinero que utilizan. “Aquí no se trata de atacar la fiscalización. Se trata de que si van a gastar recursos públicos, también tienen que demostrar resultados. No puede ser que se aprueben un presupuesto y luego desaparezcan del radar”, concluyó.
En un contexto de alta desconfianza ciudadana, la forma en que los concejales usan —y abusan— de los recursos fiscales se ha convertido en un símbolo de lo que muchos consideran el verdadero problema: más que falta de presupuesto, lo que hay es una falta de compromiso y transparencia en la función pública.