La Municipalidad Distrital de Agallpampa se encuentra en el centro de un nuevo cuestionamiento por presunta corrupción. La postergación de la adjudicación de la Licitación Pública Abreviada de Obras N°1-2335-MDA/CS reveló serias irregularidades en el proceso. Un voto discrepante de la Bach. Belinda Dessilu Cuya Quispe dejó en evidencia un posible favorecimiento del alcalde Gilmer García García y del comité de selección hacia el Consorcio del Norte, lo que supondría un perjuicio económico para el Estado y un duro golpe a la confianza ciudadana.
Ante esta situación, se exige que tanto la Contraloría General de la República como la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios actúen de manera inmediata para esclarecer los hechos y aplicar las sanciones correspondientes.
Irregularidades detectadas
El cuestionamiento central recae en la propuesta presentada por el Consorcio del Norte. En el Anexo N° 4 – Promesa de Consorcio no se consignó el porcentaje de participación de la empresa Contratistas Forja S.A.C., incumpliendo lo establecido en las bases, que disponen que la sumatoria debe alcanzar el 100%.
Pese a esta omisión, el comité de selección permitió de manera irregular que el postor subsane la falta. Tal decisión contraviene lo establecido en la Resolución N° 1950-2019-TCE-S2 del Tribunal de Contrataciones del Estado, la cual dispone que las ofertas deben ser “objetivas, claras, precisas y congruentes” y que el comité carece de facultades para “esclarecer ambigüedades”. En consecuencia, admitir una propuesta deficiente habría significado direccionar el proceso para beneficiar al consorcio.
Posibles delitos y perjuicio al Estado
Este presunto favorecimiento podría configurar los delitos de negociación incompatible (artículo 399 del Código Penal) y colusión (artículo 384 del Código Penal).
El perjuicio económico asciende a S/ 46,006.29, diferencia existente entre la propuesta del Consorcio del Norte (S/ 1,110,970.26) y la de la empresa Grupo Florida S.A.C. (S/ 1,064,963.97). Recursos que debieron destinarse a obras en beneficio de la población de Agallpampa corren el riesgo de ser mal utilizados por intereses particulares.
Frente a ello, se exige una auditoría integral por parte de la Contraloría para establecer responsabilidades administrativas, y una investigación penal de oficio por parte de la Fiscalía Anticorrupción. La ciudadanía no puede tolerar que el dinero público sea manipulado ni que la transparencia en la gestión municipal se vea vulnerada. La vigilancia ciudadana y la acción de las autoridades son esenciales para frenar la corrupción.