El secretario general de la OEA declaró que es «el momento de presentar cargos,» tomando en cuenta la investigación sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2014, en la que está involucrado el dictador.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció este miércoles que pedirá a la Corte Penal Internacional (CPI) que emita una orden de arresto contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien acusa de perpetrar un «baño de sangre» contra los manifestantes tras las elecciones del domingo.
«Es el momento de la Justicia y solicitaremos la imputación de cargos con orden de aprehensión», afirmó Almagro durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA en Washington, instando a los Estados miembros a apoyar la solicitud.
Almagro señaló que, «teniendo en cuenta» la investigación en curso de la Fiscalía de la CPI sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde 2014, ha llegado «el momento de imputar cargos a los principales responsables, incluido Maduro».
Según el secretario general, el presidente venezolano ha dirigido la represión contra el pueblo venezolano. «Maduro prometió un baño de sangre y lo está cumpliendo», declaró Almagro, refiriéndose a los 17 manifestantes muertos en las protestas contra el Gobierno venezolano tras las elecciones del domingo.
Antes de los comicios, Maduro advirtió durante un acto electoral que Venezuela podría caer en un «baño de sangre, en una guerra civil» si no ganaba las elecciones. «Fue impactante cuando lo dijo, pero es mucho más impactante verlo hacerlo realidad», dijo Almagro.
La crisis en Venezuela se ha intensificado desde que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la victoria de Maduro en las elecciones del pasado domingo, resultados que fueron rechazados por la oposición y gran parte de la comunidad internacional, que exige revisar las actas de votación para verificar los resultados.
Sin embargo, la OEA no logró este miércoles la mayoría necesaria para aprobar una resolución que exigía la verificación de los resultados en Venezuela, debido a la abstención o ausencia de países como Brasil, Colombia y México.