Investigación periodística revela que partidos políticos en La Libertad tienen entre sus filas a numerosos mineros informales, lo que genera preocupación por una posible captura del poder por redes ilegales.
Un reciente reportaje emitido por el programa televisivo Cuarto Poder ha puesto en evidencia un preocupante entrelazamiento entre la minería informal y la política en la provincia de Pataz, región La Libertad. El informe expone que de los 168 mineros con inscripción activa en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), una porción significativa posee filiación con organizaciones políticas, hecho que despierta sospechas sobre la injerencia de intereses económicos ilegales en el ámbito público.
Los datos revelados muestran que el 26.7% de estos mineros informales está afiliado al partido Alianza para el Progreso (APP), mientras que el 12.5% figura en las filas del partido «Un Camino Diferente». Les siguen el Movimiento Regional Bicentenario La Libertad (11.3%), Somos Perú (8.9%) y Podemos Perú (7.7%). El resto, equivalente al 32.7%, está repartido entre otras agrupaciones políticas no detalladas.
La magnitud de esta presencia partidaria plantea más que una simple coincidencia: sugiere una posible estrategia de cooptación por parte de actores ilegales que buscan obtener beneficios políticos, protección institucional o impunidad para sus actividades. Este fenómeno representa un riesgo latente para la democracia y la institucionalidad, ya que abre la puerta a que intereses ilícitos influencien decisiones públicas a su favor.
El caso de La Libertad es un claro ejemplo de cómo economías ilegales, como la minería informal, pueden infiltrarse en el sistema político para legitimarse. Ante este panorama, se vuelve urgente que instituciones como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Ministerio Público actúen con firmeza para investigar estos vínculos y sancionar posibles irregularidades. Asimismo, se requiere una reforma profunda del sistema de financiamiento de partidos, con especial énfasis en la trazabilidad del origen de los fondos y la depuración de padrones de afiliados.