Mónica Muñoz-Nájar, experta en finanzas, criticó la existencia de 11 sistemas administrativos que ralentizan el funcionamiento de más de 3000 entidades estatales.
Frente al desafío de liquidez que enfrenta Petroperú, los expertos argumentan que la solución para rescatar la empresa no radica en la inyección de dinero por parte del Gobierno, sino en trabajar en el establecimiento de un sólido gobierno corporativo, renovar el directorio y transparentar los procesos internos.
Mónica Muñoz-Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), abordó la complejidad de la burocracia estatal, destacando la existencia de 11 sistemas administrativos que imponen reglas y limitaciones a más de 3000 entidades del sector público. Esta estructura, con su flexibilidad restringida, abarca instituciones de diversos rubros y funciones en el Estado peruano.
Según explicó, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) supervisa seis de estos 11 sistemas, incluyendo áreas como recursos humanos, presupuesto público, inversión pública, abastecimiento, modernización, tesorería y contabilidad. Esta rigidez se refleja en procesos como la adquisición de reactivos químicos para un laboratorio del Instituto Nacional de Investigación Agraria, que deben seguir el mismo procedimiento que la compra de papel bond en un Gobierno Regional. Similar situación ocurre en los procesos de licitación de obras públicas, lo que resulta en demoras significativas en la adjudicación de proyectos de inversión por parte de los gobiernos subnacionales.
Por lo tanto, Muñoz-Nájar enfatizó la necesidad de evitar la aprobación de leyes en el Congreso con un debate superficial y sin una justificación clara de su racionalidad. «Debemos exigir simplificaciones y mejoras, pero con una comprensión realista del sector público y de lo que es alcanzable con los recursos disponibles», concluyó.