El nuevo Código Penal impuesto por el régimen talibán establece sanciones mínimas en casos de violencia doméstica y configura un sistema judicial diferenciado según la clase social del acusado, lo que ha generado críticas internacionales.
El Gobierno talibán de Afganistán aprobó un nuevo Código Penal que ha provocado cuestionamientos en la comunidad internacional. La normativa fue impulsada bajo el liderazgo del líder supremo Hibatullah Akhundzada e incorpora disposiciones que contemplan penas reducidas para casos de violencia contra mujeres e hijos, además de establecer un esquema judicial basado en la posición social del procesado.
Entre los artículos más controvertidos se encuentra el 32, el cual señala que, si un esposo golpea a su esposa con violencia excesiva y ello produce fracturas, lesiones o moretones visibles, podrá recibir una condena de hasta quince días de prisión, siempre que la víctima logre demostrar los hechos ante un juez. De acuerdo con analistas citados por Canal 26, esta disposición “legaliza de facto la violencia contra las mujeres”, al supeditar la sanción a la existencia de pruebas físicas evidentes y a la carga probatoria impuesta a la denunciante.
Sanciones desproporcionadas
La polémica se acentúa al comparar esta norma con otras contempladas en el mismo código. El artículo 70 establece una pena de cinco meses de prisión para quienes organicen peleas de animales, lo que ha sido interpretado como una marcada desproporción frente a las sanciones previstas para la violencia doméstica.
Asimismo, el texto fija castigos más severos para el contacto físico consensuado entre adultos no emparentados que para casos comprobados de agresión intrafamiliar. Organizaciones de derechos humanos sostienen que ello refleja un enfoque regresivo y desigual dentro del sistema judicial.
Otra disposición cuestionada es el artículo 34, que restringe la movilidad de las mujeres casadas. Según la normativa, una mujer podría ser encarcelada hasta por tres meses si permanece en la vivienda de su familia sin autorización del esposo o sin una justificación considerada válida bajo la interpretación de la ley islámica. Incluso, sus familiares podrían recibir la misma sanción si no la devuelven al hogar conyugal.
Justicia diferenciada por estatus social
El nuevo Código Penal también clasifica a la población en cuatro categorías: clérigos, élite, clase media y clase baja. Bajo este esquema, las penas varían según el estatus social del acusado. Las sanciones más severas, como prisión o castigos físicos, quedarían reservadas principalmente para los sectores de menor rango, mientras que integrantes de la élite o líderes religiosos podrían recibir advertencias ante faltas similares.
Desde el retorno de los talibanes al poder en 2021, las mujeres afganas han enfrentado restricciones en ámbitos como la educación, el trabajo y la participación en la vida pública. En ese contexto, el nuevo marco legal es considerado por diversos sectores como un endurecimiento adicional de esas limitaciones.
Aunque la comunidad internacional ha expresado preocupación, hasta el momento las condenas diplomáticas no han generado modificaciones en la normativa. Para distintos observadores, el código representa un retroceso significativo en materia de igualdad y protección de derechos fundamentales, al consolidar un sistema en el que la aplicación de la ley depende del género y la clase social.