El 1 de junio, cientos de familias y mineros artesanales del distrito de Pataz llevaron a cabo una marcha para protestar contra la inseguridad y exigir la presencia del Ejército en la zona. Los pobladores claman por atención urgente por parte del Gobierno Regional y entregaron un petitorio al alcalde distrital, Segundo Armas, quien se encontraba fuera de la localidad y no pudo atender a los ciudadanos.
La marcha tuvo como objetivo principal combatir la delincuencia y el crimen organizado, ya que la zona se ve afectada diariamente por los efectos de la minería ilegal. Los manifestantes solicitaron la construcción de una comisaría en Pataz para garantizar el orden y la seguridad frente a la delincuencia armada y el crimen organizado. Además, pidieron la gestión del alcalde para lograr la presencia permanente de una base militar del Ejército con el fin de erradicar el crimen organizado, la delincuencia armada y los actos de terrorismo que han afectado recientemente a un campamento de mineros artesanales.
La movilización se llevó a cabo desde los diferentes anexos del distrito hasta la plaza central de Pataz, con el objetivo de llamar la atención de las autoridades locales y regionales para frenar los crímenes relacionados con el sicariato, la minería ilegal y otros problemas que afectan a las familias. Los manifestantes exigieron la declaratoria de estado de emergencia y una intervención inmediata de las fuerzas del orden en esta jurisdicción de la región La Libertad. Durante la protesta, se escucharon consignas como «¡Queremos paz!» y «¡No más muertes en Pataz!».
Ante la ausencia del alcalde, fue el teniente alcalde José Rolando Cerín Anticona quien se presentó ante los manifestantes y sostuvo un breve diálogo. Sin embargo, se cuestionó la aparente represión sufrida por los manifestantes por parte de grupos de ronderos y personal de Serenazgo, quienes inicialmente habían prohibido el acceso a la plaza central del distrito.
En los últimos meses, los pobladores de Pataz han sido víctimas de bandas criminales presuntamente relacionadas con la minería ilegal que opera en la zona, lo que ha generado temor entre los vecinos. Estas muertes han generado un clima de tensión y un posible conflicto social debido a intereses particulares.