Deuda correspondería a la canalización de una vía en el sector Nuevo Indoamérica de La Esperanza.
Hersen Lapiz Pinedo, representante legal del consorcio San José, denunció que el Gobierno Regional de La Libertad mantiene una deuda de 79 mil soles con su empresa por la canalización de una vía en el sector Nuevo Indoamérica, ubicado en la zona alta del distrito de La Esperanza.
«Ejecutamos el trabajo a inicios de este año con el objetivo de evitar que las lluvias afecten las viviendas y perjudiquen a cientos de familias. No obstante, el Gobierno Regional se niega a abonarnos el monto acordado», señaló Lapiz Pinedo.
Esta situación afecta económicamente al consorcio, ya que necesitan cumplir con el pago de salarios y compromisos financieros, pero la falta de desembolso por parte del Gobierno Regional les impide hacerlo.
Según el denunciante, la obra se realizó en su totalidad; sin embargo, la arquitecta Cynthia del Carmen Lozano Tamay, quien actúa como inspectora de servicio en el Gobierno Regional de La Libertad, habría rechazado dar la conformidad correspondiente. Debido a esta negativa, el pago de los 79 mil soles no ha sido efectuado.
Lapiz Pinedo expresó su descontento con la labor de la arquitecta, argumentando que su deber era supervisar la ejecución del servicio, dar seguimiento a cada fase del proceso, responder los comunicados del residente del servicio y registrar cualquier observación en el cuaderno correspondiente, conforme lo establece la Ley N° 30225 sobre contrataciones del Estado.
Ante esta situación, el consorcio reiterará su solicitud de recepción del servicio y, de no obtener respuesta, tomará las medidas legales pertinentes amparándose en el Código Penal – Decreto Legislativo N° 635 – 2021, específicamente en el artículo 377, que sanciona la omisión, rehusamiento o demora en actos funcionales.
«Si la situación persiste, interpondremos una denuncia penal contra la arquitecta Cynthia del Carmen Lozano Tamay por omisión de funciones. Al ser una funcionaria pública, la ley establece que si omite, rehúsa o retrasa un acto de su cargo de manera ilegal, puede recibir una pena privativa de la libertad de hasta dos años, además de una multa de entre treinta y sesenta días», advirtió el representante legal del consorcio.
Finalmente, instó al gobernador regional, César Acuña, a intervenir y esclarecer las razones por las cuales no se ha efectuado el pago por un servicio cumplido, el cual contribuyó a reducir los daños ocasionados por las aguas que descendieron del cerro Cabras el pasado sábado 29 de marzo.