La exmandataria activó el proceso para recibir una pensión y beneficios permanentes pese a haber sido removida del cargo por incapacidad moral.
A solo diez días de haber sido destituida por incapacidad moral, Dina Boluarte inició el trámite para acceder a la pensión vitalicia y al conjunto de beneficios que se otorgan a los expresidentes. De acuerdo con un reportaje de Cuarto Poder, fue ella misma quien remitió un oficio firmado al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, solicitando que se disponga el pago inmediato.
En el documento, Boluarte pide acogerse a la pensión establecida por ley para quienes ocuparon la presidencia. “En mi calidad de expresidenta constitucional solicito se me otorgue la pensión prevista en la Ley 26519”, señala. Además, exige la entrega de los beneficios administrativos contemplados en un acuerdo de Mesa Directiva del 2016.
Ese paquete incluye el uso de un vehículo oficial de por vida, 150 galones de gasolina mensuales, seguridad del Estado, un asesor y la contratación de un trabajador CAS elegido por ella, con un sueldo mensual de S/3.700. Según el especialista Martín Cabrera, estos gastos se cubren con el presupuesto del Congreso y no existe impedimento legal mientras no prospere una acusación constitucional.
El trámite coincide con el aumento de sueldo que Boluarte obtuvo tres meses antes de dejar el cargo, cuando su remuneración se elevó de S/15.600 a S/35.568. Aunque la legislación fija límites, este incremento podría influir en la pensión que reclama. Cabrera remarcó que la decisión final sobre el monto recaerá en el Parlamento.
Este pedido se suma a otro proceso económico impulsado por Boluarte contra el RENIEC, donde pidió más de S/428 mil por gratificaciones y bonos sindicales pese a ocupar cargos de confianza. Finalmente, un fallo judicial determinó que solo tenía derecho a S/239 mil. A la par, sus gastos legales siguen siendo cubiertos con fondos del Estado.
Mientras avanza su solicitud, la exmandataria afirma mantener la conciencia tranquila. Tras dejar Palacio aseguró sentirse en paz y reiteró que no es responsable de los casos investigados por el Ministerio Público. “La calma está en mí”, declaró.
Pese a ello, su salida estuvo marcada por fuertes cuestionamientos, denuncias y niveles récord de desaprobación. Hoy, con 63 años, está a la espera de que el Congreso determine si accederá a una pensión cercana a los S/35 mil y a beneficios vitalicios financiados con recursos públicos.