Nuevamente el Alcalde del distrito de La Esperanza se ve envuelto en presuntos actos irregulares.
La gestión de Wilmer Sánchez Ruiz al frente de la Municipalidad Distrital de La Esperanza se encuentra envuelta en un clima de sospecha que se va tornando más intenso cada día, como un volcán a punto de erupcionar. En medio de esta controversia, surgen evidentes irregularidades y acusaciones de favores políticos.
El epicentro de esta tormenta se sitúa en el proceso de licitación para la obra de «Mejoramiento de la infraestructura vial de la avenida Cahuide del distrito de La Esperanza – Segunda Etapa: Construcción de pistas (carpeta asfáltica), veredas, sardineles y berma central». A pesar de su presupuesto de S/ 2’361,052.19, en lugar de mejorar las vías, esta obra amenaza con erosionar la confianza pública en la administración del alcalde Wilmer Sánchez.
El punto de partida de esta controversia fue la denuncia presentada por el empresario Imer Villena Uceda, quien afirmó que el proceso de licitación estuvo marcado por supuestos actos de corrupción relacionados con la adjudicación del contrato al Consorcio Cahuide. Sin embargo, esta historia es mucho más compleja, ya que revela una intrincada red de conexiones políticas y económicas que señalan directamente al alcalde y su círculo cercano.
El Consorcio Ejecutor Cahuide, la entidad que ganó la licitación, está conformado por dos empresas: ORFAM Contratistas Generales SAC y Corporación MOVA’S SAC. Esta última, con un pasado político intrigante, cuenta con Glimer Marín Moreno Rojas como socio fundador. Según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Marín es miembro del Movimiento Regional Trabajo Más Trabajo, el mismo partido al que pertenece el alcalde Wilmer Sánchez, liderado por el exaprista Elías Rodríguez Zavaleta.
Sin embargo, la trama se complica aún más, ya que Corporación MOVA’S SAC también tiene a Ana Belén Vásquez Aguilar como socia, quien tiene vínculos con el Partido Aprista, una agrupación política a la que Sánchez estuvo afiliado durante muchos años.
La controversia se agrava al analizar las razones detrás de la descalificación de otros competidores en la licitación. Los Consorcios Buena Esperanza y César Vallejo fueron eliminados de manera inusual. En el caso del Consorcio César Vallejo, se les descalificó por ofrecer un monto menor al 100 % y reducir los gastos fijos y variables, argumentando que esto haría imposible el pago de salarios e impuestos requeridos. El comité de licitación afirmó que no podrían pagar a sus profesionales ni cumplir con los impuestos.
Por otro lado, el Consorcio Buena Esperanza fue eliminado por razones tan cuestionables como la tinta en una novela: sellaron sobre el número de metrados y precios, lo que, supuestamente, dificultaría conocer el verdadero alcance de la obra.
En este proceso de licitación, los Consorcios Buena Esperanza y César Vallejo fueron descalificados de manera controvertida por el Comité de Adjudicaciones de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, compuesto por Marco Álvarez Guayan, María Castro Moreno y Roger Ganoza Florián, tal como se detalla en la denuncia de presuntos actos de corrupción en el proceso presentada contra el alcalde.
La gestión del alcalde Wilmer Sánchez, en el centro de esta tormenta, ha optado por el silencio y aún no ha emitido comentarios sobre la denuncia que pesa sobre él desde el 25 de agosto. El empresario Imer Villena Uceda planea agotar todas las instancias legales disponibles, esperando que las autoridades competentes, como la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad, intervengan de inmediato.