El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, alerta sobre el impacto de los feriados compensables en la productividad, el crecimiento económico y la atención al público, recomendando un enfoque estratégico y evaluaciones técnicas previas.
La Defensoría del Pueblo, liderada por Josué Gutiérrez, ha solicitado al Ejecutivo la reducción de feriados compensables para el 2025. Esta petición surge tras un análisis del impacto negativo generado por los 26 feriados decretados en 2024, sumados a 30 días de vacaciones, lo que representó cerca de dos meses de paralización en el sector público. Según el defensor, estas medidas afectan tanto la productividad como la competitividad económica del país, además de complicar la atención oportuna de los servicios esenciales, como educación y trámites civiles.
El defensor destacó que, desde 2020, el número de feriados no laborables ha pasado de 12 a 16 debido a la aprobación de nuevas festividades, a las que se suman los feriados compensables. En 2024, por ejemplo, se agregaron 10 días adicionales debido al APEC, totalizando 56 días de descanso para los trabajadores del sector público. Este panorama, según el Banco Central de Reserva, afecta al Producto Bruto Interno y encarece los costos laborales, impactando negativamente la formalización del empleo y el desarrollo de sectores clave de la economía.
La Defensoría también enfatizó que los feriados compensables generan perjuicios directos en la atención al público y en las condiciones laborales de los trabajadores. La recuperación de horas incrementa jornadas superiores a las 48 horas semanales, contraviniendo la Constitución. Por ello, se exhorta a una evaluación técnica y económica previa a la aprobación de futuros feriados, priorizando alternativas como feriados declarativos que no interfieran con la jornada laboral ordinaria, protegiendo así la productividad y la competitividad nacional.