El sindicato del INPE demanda atención del Gobierno ante la falta de aumentos salariales desde hace una década, mientras denuncian la muerte de cuatro agentes fuera del penal El Milagro en Trujillo. La inseguridad y el hacinamiento agravan la situación en los centros penitenciarios del país.
Más de 350 empleados del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que trabajan en el penal El Milagro, en Trujillo, están solicitando al Gobierno que se atienda su pliego de reclamos. Desde hace diez años, estos trabajadores no han recibido aumentos salariales, a pesar del peligro constante que enfrentan al vigilar a reclusos de alta peligrosidad.
El secretario del sindicato, Juan Domingo, informó en una entrevista que cuatro agentes del INPE han perdido la vida «por imponer el orden» dentro del penal. Aunque estas muertes se produjeron fuera del establecimiento, se registraron desde antes de la pandemia, según datos proporcionados por el propio INPE.
Entre las principales demandas del sindicato se incluye la implementación de un seguro de trabajo de alto riesgo, que aún no ha sido aprobado, a pesar de que los documentos necesarios ya fueron presentados. Domingo resaltó la urgencia de este seguro debido a la alta peligrosidad a la que están expuestos los agentes.
A pesar de las negociaciones, las mejoras exigidas aún no han sido tramitadas, lo que ha llevado a una paralización de las jornadas laborales. Una reunión con congresistas, el presidente del INPE y representantes del Ministerio de Justicia y Economía está pendiente para establecer una mesa de diálogo y buscar soluciones.
Trujillo, la ciudad donde se ubica el penal, enfrenta una creciente ola de inseguridad. El año pasado, se reportaron más de 30 mil delitos en la región, incluyendo robos y hurtos, lo que ha agravado la situación de los trabajadores del INPE, quienes han suspendido las visitas familiares y conyugales en 68 centros penitenciarios del país.
Entre las demandas del sindicato también figura la asignación de presupuesto para aplicar la Ley 29709 al personal bajo régimen CAS, un aumento de la remuneración y el cumplimiento de acuerdos relacionados con la formación del personal. Además, se solicita una bonificación adicional del 15% por trabajos en condiciones adversas.
El hacinamiento en el penal El Milagro ha alcanzado niveles críticos, con una superpoblación del 300%. A pesar de los esfuerzos por trasladar a reclusos peligrosos a otras cárceles, la sobrepoblación sigue siendo un desafío. Por esta razón, el sistema penitenciario ha sido declarado en emergencia, y el Ministerio de Justicia podrá emitir un Decreto de Urgencia para obtener más recursos que permitan mejorar la situación penitenciaria en todo el país.