La auditoría de cumplimiento revisó actuaciones realizadas entre marzo y junio de 2025, periodo en el que Percy Rosario Martell presidía el Directorio de SEDALIB. El órgano de control identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en siete funcionarios por hechos vinculados a la contratación de un consultor y procedimientos de selección no competitivos.
La Contraloría General de la República detectó presuntas irregularidades en SEDALIB S.A. relacionadas con la contratación de un consultor y la utilización de sus informes para sustentar obras, servicios y adquisiciones por cerca de S/ 10 millones. Los hechos fueron examinados mediante el Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 011-2026-2-0264-AC, correspondiente al periodo comprendido entre el 12 de marzo y el 3 de junio de 2025.
Este periodo corresponde a la etapa en la que Percy Rosario Martell ejercía la presidencia del Directorio de SEDALIB. Por ello, las actuaciones cuestionadas por la Contraloría se produjeron durante dicha gestión y son anteriores a la actual administración de la empresa. Esto no implica, por sí solo, que la auditoría atribuya responsabilidad penal o administrativa personal a Rosario Martell, pues el informe individualiza a los funcionarios comprendidos en los hechos observados.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la contratación de un consultor cuyos términos de referencia habrían sido modificados sin sustento técnico suficiente respecto de la profesión y experiencia requeridas. La Contraloría también observó que su propuesta económica, por S/ 42 500, fue aceptada pese a haber sido presentada cinco días después del plazo fijado.
Posteriormente, los informes elaborados por este consultor fueron empleados para justificar una supuesta situación de emergencia y respaldar procedimientos de selección no competitivos. Según el órgano de control, estos documentos contenían inconsistencias y no se ajustaban correctamente a la normativa del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd).
Las contrataciones observadas estuvieron vinculadas al mejoramiento del cerco perimétrico de la sede central de SEDALIB, la adquisición de cuatro equipos de bombeo, la demolición del reservorio elevado de Moche y procedimientos correspondientes a la ejecución y supervisión de la red de alcantarillado de El Porvenir. En conjunto, las intervenciones involucraron recursos cercanos a los S/ 10 millones.
La auditoría también advirtió que procedimientos de selección no competitivos fueron aprobados mediante resoluciones de la Gerencia General, pese a que esta instancia no habría contado con competencia ni delegación para autorizar dichas contrataciones. Además, parte del sustento legal fue elaborado por una trabajadora del área de Logística que, según el informe, no tenía facultades para emitir esos documentos y se encontraba inhabilitada para ejercer la profesión durante el periodo evaluado.
Ante estos hallazgos, la Contraloría recomendó efectuar el deslinde de responsabilidades administrativas y dispuso comunicar los hechos a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para que se inicien las acciones penales que correspondan.
Funcionarios comprendidos en el informe
La Contraloría individualizó a siete funcionarios y servidores de SEDALIB con presunta responsabilidad administrativa y/o penal: Cecilia Marina Araujo Iparraguirre, Manuel Martín Feria Rosas, Pedro Antonio Arana Tafur, Roger Santiago Rodríguez Rojas, William Leonel Sosa Núñez, Tania Denisse Negreiros Ortecho y Víctor Manuel Gutiérrez Muñoz. La responsabilidad definitiva de cada uno deberá ser determinada por las autoridades competentes conforme a ley.