Informe de control revela irregularidades en pagos y ejecución de obra que debió beneficiar a estudiantes. Dos estudios recomiendan su demolición tras más de una década de abandono.
La Contraloría General de la República concluyó que la obra de mejoramiento de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) causó un perjuicio económico de más de S/ 2.1 millones. La edificación, que permanece abandonada desde octubre del 2014, ha sido calificada como inviable por dos estudios técnicos, los cuales recomiendan su demolición total.
Según el Informe de Control Específico N.º 033-2024-2-0222-SCE, dos exfuncionarios de la UNT (gestión 2013-2015) habrían incurrido en presunta responsabilidad penal al validar y tramitar el pago de nueve valorizaciones sin verificar los incumplimientos contractuales tanto del contratista como del supervisor. Este hecho permitió que se realicen pagos por trabajos mal ejecutados o incluso no realizados.
El informe detalla que en seis de las valorizaciones pagadas no se adjuntaron los informes de control de calidad ni los certificados que validan los materiales y procesos utilizados en la obra. Esta omisión comprometía directamente el cumplimiento de los requisitos básicos para el desembolso de fondos públicos.
Entre otras irregularidades, se descubrió que tres de los siete profesionales que el contratista propuso como parte de su equipo técnico nunca participaron en la ejecución. También se aprobaron pagos por partidas que no se ejecutaron o se realizaron de forma deficiente, como el caso de las instalaciones sanitarias que no coincidían con los planos ni con el expediente técnico.
Al mes de octubre del 2014, el avance real de la obra apenas alcanzaba un 35.89 %, cuando debía estar concluida al 100 %. Pese a ello, el contratista paralizó las labores sin justificación, lo que conllevó a la resolución del contrato y una demanda arbitral que terminó en el 2018 con una decisión desfavorable para la empresa ejecutora.
El informe también involucra penalmente a tres integrantes del consorcio responsable de la obra. El caso ha sido derivado a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción para que se inicie el proceso penal correspondiente. El documento completo está disponible en el portal web de la Contraloría y en su buscador de informes.